La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, encabezó el equipo del Ministerio Público que depositó la solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados en la Operación Cobra 2.0-A.
Redacción | Umbral
SANTO DOMINGO.– El expediente judicial en torno al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) abrió este fin de semana un nuevo y voluminoso capítulo. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas arrestadas durante la denominada Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de las investigaciones sobre la presunta sustracción de fondos públicos de la aseguradora estatal.
La petición fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Además de la prisión preventiva, los fiscales solicitaron al tribunal declarar el proceso de tramitación compleja, argumentando la pluralidad de hechos, víctimas y posibles involucrados que, según la acusación, caracterizan la investigación.
En esta línea específica del caso, el Ministerio Público ha cuantificado hasta ahora en más de RD$40 millones los fondos presuntamente sustraídos.
Un expediente de 525 páginas
La dimensión de la investigación queda reflejada en la solicitud de medida de coerción: un expediente de alrededor de 525 páginas en el que figuran médicos, personas relacionadas con el sector sanitario, exempleados de SeNaSa y particulares.
Entre los imputados se encuentran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud incluye, además, a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Todos deberán responder ante el tribunal por las imputaciones formuladas por el órgano acusador, mientras corresponde a la justicia determinar las medidas cautelares y, posteriormente, las responsabilidades penales que pudieran derivarse del proceso.
Una investigación que sigue creciendo
La titular de la Pepca explicó que Cobra 2.0-A forma parte de las distintas líneas abiertas alrededor de las presuntas irregularidades detectadas en SeNaSa.
Ortiz sostuvo que esta constituye una tercera operación vinculada a fondos presuntamente sustraídos de la aseguradora estatal y señaló que entre los procesados aparecen médicos, personas relacionadas con el sector salud y exempleados de la institución.
Para el Ministerio Público, el elemento central del expediente adquiere una dimensión adicional por la naturaleza de los recursos investigados: se trata de fondos públicos destinados al sistema de salud.
La fiscal dejó abierta, además, la posibilidad de que el número de investigados aumente a medida que avancen las pesquisas.
Por ahora, la acusación presentada en esta fase está dirigida contra personas físicas. Sin embargo, Ortiz advirtió que las investigaciones apenas comienzan y que suelen ampliarse conforme aparecen nuevas evidencias.
Treinta y siete allanamientos
La Operación Cobra 2.0-A fue precedida por un amplio despliegue de las autoridades.
Los equipos encabezados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, así como en Cotuí y La Vega.
En los operativos participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de personal de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
La magnitud del despliegue ofrece una idea del alcance que las autoridades atribuyen a esta nueva vertiente de la investigación.
Depositada la solicitud de coerción, el siguiente paso será la fijación de la audiencia por parte de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Será entonces cuando el Ministerio Público deberá sustentar ante el juez las razones por las cuales considera necesaria la prisión preventiva durante 18 meses y la declaratoria de complejidad, mientras las defensas de los 25 imputados tendrán la oportunidad de controvertir las acusaciones y solicitar medidas menos gravosas.
El caso SeNaSa entra así en otra etapa judicial.
Lo que comenzó como una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas continúa extendiendo sus ramificaciones sobre médicos, prestadores de servicios, exempleados y particulares. Ahora serán los tribunales los llamados a ponderar las pruebas y determinar, dentro de las garantías del debido proceso, el alcance de las responsabilidades individuales.
