El vicepresidente peledeísta Yván Lorenzo advierte que las nuevas exigencias técnicas y financieras excluirían a pequeños y medianos empresarios tradicionales, mientras el Gobierno declara de «alto interés nacional» una medida que, a juicio del partido opositor, privilegia a grandes operadores y amenaza décadas de comercio binacional.
Por:Redacción de Política
Había en el aire, aquella tarde en la Casa Nacional del PLD, una gravedad que no admitía titubeos. No era la rutinaria arenga política ni el gesto mecánico de la oposición cumpliendo su turno. Era, más bien, el eco de un temor que recorre los polvorientos caminos de la frontera, donde miles de pequeños comerciantes han tejido, durante décadas, el sustento de sus familias con el hilo frágil del intercambio binacional.
El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, alzó la voz no como estratega, sino como intérprete de una angustia colectiva. En el centro del debate: el decreto 166-26 del presidente Luis Abinader, emitido el pasado 16 de marzo, que declaró de «alto interés nacional» la creación de los llamados puertos secos en la zona fronteriza. Estas instalaciones —definidas por el propio Gobierno como extensiones terrestres de puertos marítimos y aeropuertos internacionales para la recepción de contenedores comerciales— pretenden, en teoría, modernizar la logística nacional bajo el amparo de la Ley 01-12 y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Sin embargo, en la prosa elegante de los documentos oficiales, los peledeístas han descubierto una sentencia de exclusión. El artículo quinto del reglamento, denunció Lorenzo con la precisión de quien ha leído entre líneas, exige que toda sociedad comercial interesada en operar un puerto seco debe construir y desarrollar una terminal intermodal terrestre, además de cumplir con múltiples requisitos técnicos y financieros. Traducido al lenguaje de la calle: una muralla infranqueable para los pequeños y medianos empresarios que, históricamente, han sostenido el comercio en la línea divisoria.
«Esto crea el riesgo de excluirlos del nuevo modelo económico y transferir la actividad comercial hacia grandes operadores con alta capacidad de inversión», sentenció Lorenzo, rodeado de los vicepresidentes Temístocles Montás y Zoraima Cuello, así como del secretario general Johnny Pujols y Elías Cornelio. Y entonces, la denuncia se volvió filo: «El presidente de la República quiere privilegiar a una élite empresarial haitiana que pulula en la República Dominicana con socios incrustados en el partido de Gobierno».
La declaración, deliberadamente incisiva, buscaba remover las aguas de un debate que el PLD considera postergado. Para Lorenzo, la lógica detrás de los puertos secos no es otra que la de «un enclave logístico bajo régimen de zona franca», orientado a grandes operadores económicos en lugar de fortalecer el aparato productivo nacional y las economías fronterizas. Advirtió que aproximadamente 13 mil comerciantes dependen directamente de esa dinámica tradicional, y que su exclusión no sería un mero accidente de política pública, sino un diseño perverso.
No obstante, el exsenador de Elías Piña no se limitó a la crítica. Con la elegancia de quien propone mientras desmonta, esbozó una ruta alternativa: garantías estrictas contra el contrabando mediante controles tecnológicos y trazabilidad; participación obligatoria de los productores y comerciantes fronterizos en la gobernanza de los puertos secos; prioridad para la comercialización de productos dominicanos; y transparencia total en las concesiones y operadores autorizados.
«La frontera no puede ser concebida exclusivamente como un corredor para importaciones y reexportaciones. La frontera debe ser un espacio de desarrollo nacional, producción, integración territorial y fortalecimiento de la soberanía económica dominicana», proclamó Lorenzo, como quien traza un límite simbólico.
Afuera, en la vorágine del Palacio Nacional, el Gobierno sostiene su tesis modernizadora. Pero en la Casa Nacional del PLD quedó flotando una pregunta incómoda, de esas que eluden los decretos y las declaraciones de alto interés: ¿se puede modernizar una frontera sin condenar al olvido a quienes la han hecho viva durante generaciones? Por ahora, la respuesta sigue siendo un eco en los almacenes polvorientos de Dajabón y Elías Piña, mientras los pequeños comerciantes esperan, con la respiración contenida, el desenlace de esta partida desigual.
