El doctor Luis Restituyo, tesorero del Colegio Dominicano de Cirujanos, alerta sobre la “incertidumbre jurídica” que la Ley 74-25 introduce para la práctica quirúrgica, al difuminar la línea entre la complicación clínica y el delito penal, lo que podría incentivar la medicina defensiva y desmotivar a nuevas generaciones de especialistas.
Por Pedro Ángel
Santo Domingo. La reciente entrada en vigor del nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley 74-25), una reforma legal aclamada por su modernización y endurecimiento de penas para crímenes como el feminicidio y el sicariato, ha encendido las alarmas en el gremio quirúrgico del país. La legislación, que busca alinear el marco jurídico nacional con los estándares internacionales, podría tener un efecto colateral no previsto: generar un clima de temor e incertidumbre entre los cirujanos, quienes ven en sus artículos una amenaza latente para el ejercicio libre y científico de su profesión.
El doctor Luis Restituyo, tesorero del Colegio Dominicano de Cirujanos y figura clave en la plancha que aspira a dirigir la entidad para el período 2026-2028, expresó su profunda preocupación por las implicaciones que la normativa podría tener para los especialistas quirúrgicos. En una intervención reflexiva, Restituyo argumentó que la nueva redacción legal, al ampliar la figura del homicidio involuntario y endurecer las sanciones por negligencia, omite una delimitación crucial entre una conducta dolosa y una complicación inherente al acto médico.
“Una cosa es una negligencia deliberada o una actuación irresponsable, y otra muy distinta es una complicación médica que ocurre pese a que el profesional actuó correctamente y siguiendo los estándares establecidos”, sostuvo el galeno, con la autoridad que le confiere su trayectoria en el gremio. La práctica quirúrgica, por su naturaleza, es un campo de alta complejidad donde interactúan múltiples factores: desde la condición crítica del paciente y la imprevisibilidad de su biología, hasta la disponibilidad de equipos tecnológicos y la capacidad del personal de apoyo. “En una cirugía influyen numerosos elementos (…) No todo depende únicamente de la actuación del cirujano”, agregó.
El doctor Restituyo advierte que la ausencia de un marco legal que distinga entre el error médico, la complicación clínica y la conducta criminal podría llevar a que cualquier desenlace adverso en un quirófano sea objeto de una investigación penal. Este escenario, según el cirujano, sería un caldo de cultivo para la llamada medicina defensiva, una práctica que lleva a los médicos a evitar procedimientos de alto riesgo o a ordenar pruebas innecesarias, no por un criterio clínico, sino por el temor a enfrentar consecuencias legales. Este fenómeno, ampliamente documentado en la literatura médica internacional como un factor que degrada la relación médico-paciente y encarece los sistemas de salud, podría convertirse en una realidad en el país, afectando directamente la calidad de la atención a los dominicanos.
El impacto, sin embargo, podría ser aún más profundo y estructural. Restituyo, quien ha participado activamente en procesos de fortalecimiento institucional y educación médica continua, señaló que la inseguridad jurídica podría actuar como un poderoso disuasivo para las nuevas generaciones de profesionales. “Esta situación podría desmotivar a los nuevos profesionales a especializarse en áreas críticas como cirugía general, traumatología, anestesiología y ginecobstetricia”, especialidades que son el pilar del sistema de salud nacional y que ya enfrentan desafíos significativos.
La advertencia del doctor Restituyo no es un rechazo a la rendición de cuentas, sino un llamado a la precisión y al diálogo. Lo que el gremio quirúrgico demanda no es impunidad, sino la certeza de que la ley sabrá distinguir entre el infortunio clínico y la impericia. La nueva ley, al incluir por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas y elevar las penas máximas a 40 años, ha dado un paso histórico en la justicia dominicana. Sin embargo, como bien lo plantea Restituyo, para los profesionales que tienen la vida de los pacientes en sus manos, la justicia también debe ser capaz de interpretar la complejidad de la ciencia y la fragilidad de la existencia humana.
