Cuando parecía que el país había encontrado un punto de equilibrio en la reforma del Código de Trabajo, los sectores empresariales vuelven a la carga para recortar uno de los derechos más importantes de los trabajadores dominicanos. La ofensiva obliga al movimiento sindical y a las organizaciones populares a prepararse para una nueva batalla en defensa de una conquista social que costó décadas de lucha, sacrificios y sangre.
Por Julio Guzmán Acosta
Santo Domingo. La discusión sobre la reforma del Código de Trabajo ha entrado nuevamente en una fase de alta tensión. Cuando amplios sectores de la sociedad entendían que el delicado tema de la cesantía laboral había sido objeto de acuerdos y consensos dentro de los espacios de diálogo tripartito, el sector empresarial ha decidido reabrir el debate con propuestas que buscan reducir significativamente el alcance de ese derecho histórico de los trabajadores dominicanos.
Las iniciativas promovidas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) plantean establecer un tope de diez salarios mínimos para el cálculo de la cesantía y fijar un máximo de seis años de antigüedad para determinar el beneficio laboral. Según sus promotores, estas modificaciones contribuirían a disminuir la informalidad, mejorar la competitividad empresarial y fortalecer la sostenibilidad del mercado laboral.
Sin embargo, estos argumentos han encontrado una firme resistencia en el movimiento sindical, que considera dichas propuestas como un intento de desmontar una de las principales garantías de protección social conquistadas por la clase trabajadora.
La realidad es que durante años la cesantía ha constituido un mecanismo de amparo para miles de familias que, de un momento a otro, pueden verse privadas de su fuente de ingresos. No se trata de un privilegio ni de una concesión graciosa de los empleadores; es una compensación nacida de largas luchas obreras y reconocida como una protección mínima frente a la incertidumbre que genera la pérdida del empleo.
Resulta difícil comprender que, luego de un proceso de negociaciones donde se anunciaron importantes consensos, sectores empresariales pretendan ahora reintroducir propuestas que no fueron incorporadas al proyecto discutido por los legisladores. Más aún cuando se intenta responsabilizar a la cesantía de problemas estructurales como la informalidad laboral, la inflación o el insuficiente crecimiento del empleo formal.
La Confederación Unión Clasista de Trabajadores (UCT) ha sido categórica al rechazar esos planteamientos. La organización sostiene que la informalidad responde a factores mucho más profundos relacionados con las debilidades del modelo económico, la escasa industrialización, los bajos salarios, la limitada capacidad de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la ausencia de políticas efectivas de desarrollo productivo.
Del mismo modo, atribuir a la cesantía responsabilidades en el comportamiento inflacionario constituye una simplificación que ignora el impacto de variables como el aumento de los combustibles, el encarecimiento de las importaciones, la especulación comercial y la dependencia de mercados externos.
La experiencia demuestra que los derechos laborales no son obstáculos para el crecimiento económico cuando existe voluntad de promover inversiones productivas, elevar la productividad y distribuir de manera más justa los beneficios del desarrollo. Lo contrario significaría trasladar a los trabajadores el peso de las dificultades económicas mientras se preservan intactos otros privilegios.
Lo que hoy se plantea desde ciertos sectores empresariales resulta políticamente inoportuno y socialmente inviable. La cesantía forma parte del patrimonio histórico de la clase trabajadora dominicana y cualquier intento de reducirla encontrará inevitablemente resistencia en los sindicatos, las organizaciones populares y amplios sectores de la sociedad.
Por esa razón, los trabajadores y sus organizaciones sindicales deben prepararse para dar la batalla democrática en todos los escenarios. La defensa de la cesantía no puede quedar limitada a las estructuras gremiales; requiere también el respaldo de las organizaciones comunitarias, estudiantiles, profesionales y de todo el pueblo dominicano.
La historia social del país enseña que las conquistas laborales nunca fueron regalos. Cada derecho incorporado a la legislación fue el resultado de luchas, movilizaciones y sacrificios de generaciones de trabajadores que enfrentaron persecuciones, despidos y represiones para conquistar condiciones más dignas de vida y de trabajo.
Hoy corresponde mantener viva esa memoria histórica. La reforma laboral debe servir para ampliar derechos, modernizar relaciones de trabajo y fortalecer la justicia social, no para desmontar garantías conquistadas durante décadas.
El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de escuchar a todas las partes, pero también de preservar el equilibrio social alcanzado. Alterar el régimen de cesantía para favorecer exclusivamente intereses empresariales significaría abrir una fuente innecesaria de conflicto y desconfianza en un momento en que el país necesita estabilidad, cohesión social y desarrollo inclusivo.
La cesantía laboral no es el problema. El verdadero desafío sigue siendo construir una economía capaz de generar empleos dignos, salarios justos y oportunidades para todos los dominicanos.
