Conep y Copardom plantean establecer un tope de diez salarios mínimos y un máximo de seis años de antigüedad para determinar el beneficio laboral; sostienen que la reforma contribuiría a reducir la informalidad, mejorar la competitividad y fortalecer la sostenibilidad del mercado de trabajo dominicano.
Por Theo N. Guzmán
Santo Domingo. El sector empresarial dominicano volvió a colocar en el centro del debate nacional el régimen de cesantía contemplado en el Código de Trabajo, al proponer modificaciones orientadas a limitar su alcance y adecuarlo a las condiciones del empresariado y del mercado laboral.
La iniciativa, impulsada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), plantea establecer un tope equivalente a diez salarios mínimos para el cálculo de la cesantía, así como fijar un límite máximo de seis años de antigüedad para determinar el monto de la prestación.
Ambas organizaciones solicitaron a la Cámara de Diputados revisar el proyecto de reforma laboral antes de su aprobación definitiva, al considerar que el texto actualmente en discusión no recoge de manera integral los consensos alcanzados durante el proceso de diálogo tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los representantes de los trabajadores.
En una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, los gremios empresariales expresaron su respaldo a la modernización de la legislación laboral, aunque advirtieron que varias disposiciones incorporadas en la iniciativa requieren una evaluación más profunda para garantizar un marco jurídico equilibrado, competitivo y alineado con las necesidades de desarrollo económico del país.
Las entidades recordaron que estas observaciones fueron remitidas formalmente al Congreso Nacional en noviembre de 2025, como parte de sus aportes al proceso de reforma.
Tope salarial y límite temporal
Entre las propuestas destaca la fijación de un límite de diez salarios mínimos sectoriales para determinar el salario base sobre el cual se calcula la cesantía. Según el empresariado, esta medida permitiría dotar de mayor previsibilidad a los costos derivados de la terminación de contratos en los segmentos salariales más elevados, sin afectar a la gran mayoría de los trabajadores dominicanos.
Como sustento, señalaron que estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que apenas el 0.7 % de los empleados registrados en el Sistema Integrado de Relaciones Laborales (SIRLA) percibe ingresos superiores a los RD$250,000 mensuales.
Asimismo, recordaron que este planteamiento habría sido objeto de consenso dentro del Consejo Consultivo del Trabajo, aunque finalmente no fue incorporado al proyecto que actualmente estudian los legisladores.
Otra de las modificaciones planteadas consiste en establecer un límite máximo de seis años de servicio para el cálculo de la cesantía, una medida que, a juicio del sector empresarial, contribuiría a equilibrar los costos laborales y a generar un entorno más favorable para la inversión y la contratación formal.
Cambios en la metodología de cálculo
Los gremios también propusieron sustituir el salario devengado durante el último año como referencia para calcular la cesantía por un promedio de las remuneraciones percibidas durante un período determinado.
Del mismo modo, solicitaron una definición más precisa del concepto de salario ordinario, excluyendo partidas vinculadas directamente a la ejecución de las labores, como viáticos, dietas, combustible y peajes.
A juicio de las organizaciones empresariales, esta precisión permitiría evitar distorsiones en la determinación de las prestaciones laborales y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores.
Formalidad y competitividad
Para el sector privado, la actualización del régimen de cesantía constituye un elemento clave para impulsar la formalización del empleo y mejorar la competitividad de la economía dominicana.
Los empresarios sostienen que la estructura actual genera cargas que, en determinados casos, pueden desincentivar la creación de nuevos puestos de trabajo formales y limitar la capacidad de expansión de las empresas.
La discusión sobre la cesantía se perfila nuevamente como uno de los temas más sensibles dentro del proceso de reforma del Código de Trabajo, en momentos en que el país busca conciliar la protección de los derechos laborales con la necesidad de fortalecer la productividad, atraer inversiones y dinamizar la generación de empleo.
