Durante la campaña electoral de 2024 hubo varias coincidencias en las promesas de los tres principales candidatos que buscaban ganarse el favor del electoral, entre las cuales la más significativa era la necesidad de abocarse a una reforma fiscal.
En 2020 había ocurrido algo similar, aunque de antemano se sabía que en medio de la pandemia de covid-19 resultaba sencillamente contraproducente hablar de reforma, cuando la prioridad del país era salir lo menos dañado de aquella catástrofe global.
Al resultar reelegido, el presidente Luis Abinader intentó abordar lo que, junto a Leonel Fernández y Abel Martínez, había asumido como algo ineludible, tomando en cuenta que cuatro años antes, Danilo Medina había advertido que el país no podía continuar sustentando sus gastos en nuevo endeudamiento externo. Sin embargo, el presidente Abinader se vio precisado a retirar la reforma de 2024 en medio de una atmósfera marcadamente hostil y asfixiante, y pospuso- lo irreversible.
Ahora, 20 meses después de aquella decisión presidencial, el Gobierno se ve forzado a insistir, esta vez en un ambiente distinto, tanto en términos negativos como positivos. La parte negativa es que lo hace en un contexto internacional de tensiones, pero el lado positivo es que todos los sectores—exceptuando la oposición política—han expresado su respaldo al proyecto enviado al Congreso, no porque necesariamente se hayan vuelto muy favorables al pago de impuestos, sino porque lo contrario sería peor. Es la primera vez desde el gran consenso que produjo las reformas estructurales de 1992, que una iniciativa como la actual encuentra un respaldo tan amplio.
Se debe a que las autoridades se ocuparon de crear conciencia acerca de la necesidad de llevar a cabo lo que más bien es una enmienda tributaria, razón por la cual solo dos fuerzas políticas, jugando su rol opositor, se han expresado en contra.
Es apremiante ahora afrontar de inmediato la necesidad de crear conciencia sobre la urgencia de bajar la informalidad mediante la aplicación de un agresivo plan liderado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y, por otro lado, atacar con medidas duras tanto la evasión como la elusión fiscal.
Probablemente la enmienda—tímida si se quiere—ayude a establecer un marco de referencia para futuras reformas de mayor calado.
