UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA
Organizaciones políticas de izquierda convocan protestas nacionales contra lo que califican como un retroceso en derechos fundamentales Por Brendalis Reyes SANTO DOMINGO.— Las cacerolas volverán a sonar en la República Dominicana, pero esta vez no para celebrar. Seis organizaciones de izquierda han llamado a un cacerolazo nacional los próximos 15 y 16 de agosto a las 8:00 de la noche, en lo que describen como un \»grito colectivo\» contra el nuevo Código Penal recién aprobado. El frente de izquierda, que incluye al Partido Comunista del Trabajo (PCT), el Movimiento Caamañista (MC), el Movimiento Popular Dominicano (MPD), Partido Patria Para Todos y Todas (PPT), Fuerza de la Revolución (FR) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID).entre otros, asegura que la nueva legislación representa un peligroso retroceso para los derechos ciudadanos. \»No es reforma, es regresión\», afirma Xiomara Peralta, portavoz del movimiento, durante una rueda de prensa convocada para anunciar la protesta ciudadana a nivel nacional. Los críticos señalan con preocupación varios artículos que, en su opinión, benefician a los poderosos mientras restringen libertades fundamentales. Entre los puntos más polémicos destacan la ausencia de las tres causales para interrupción del embarazo, la reducción de penas por violencia de género y disposiciones que podrían limitar la libertad de expresión. \»Este código protege a iglesias y partidos políticos, pero criminaliza la protesta social\», denuncia Peralta, mientras muestra copias del documento con pasajes subrayados en rojo. \»¿Cómo puede ser que compartir información con organismos internacionales tenga más pena que maltratar a un niño?\», cuestiona. La convocatoria ha encontrado eco en diversos sectores. En los barrios populares, activistas como Raúl Guerrero ya preparan los materiales para las protestas. \»No pedimos permiso para defender nuestros derechos\», afirma mientras distribuye volantes en Villa Juana. \»El 15 será desde los balcones, el 16 tomaremos las plazas\». Manuel Salazar, veterano dirigente de izquierda , recuerda que esta no es la primera vez que el pueblo dominicano usa las cacerolas como instrumento de protesta. \»En 2003 sonaron contra el salvataje bancario, hoy suenan contra este atropello legislativo\», comenta. \»Cuando las instituciones fallan, la calle se convierte en tribunal\». El gobierno, por su parte, defiende la nueva legislación como una \»modernización necesaria\». Sin embargo, las cifras que manejan los organizadores pintan un panorama preocupante: nueve de cada diez mujeres dominicanas verían negado su derecho a interrumpir un embarazo incluso en casos de violación, mientras que periodistas y activistas podrían enfrentar prisión por criticar a funcionarios. Mientras se acerca la fecha de las protestas, el movimiento prepara asambleas informativas en distintos puntos del país. \»No se trata solo de hacer ruido\», explica Juan Santana del Partido Patria Para Todos. \»Se trata de que la gente entienda cómo esta ley afectará su vida cotidiana\». En las redes sociales, el hashtag #CódigoDeLaVergüenza comienza a ganar traction, mientras que en las calles, el sonido metálico de cucharas contra ollas vacías anuncia que el debate sobre este Código Penal está lejos de terminar.
Congreso tendrá 8 días adicionales para consensuar cambios al Código Penal y reforma laboral antes del cierre del periodo legislativo Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo, RD.– El presidente Luis Abinader activó este viernes su facultad constitucional para convocar una legislatura extraordinaria del 27 de julio al 5 de agosto, en un intento por rescatar dos reformas clave que peligran por el inminente cierre del periodo ordinario. Los proyectos del Código Penal y la reforma laboral, estancados por desacuerdos técnicos y políticos, recibirán así una última oportunidad antes de tener que reiniciar todo su trámite en la próxima legislatura. Carrera contra el tiempo La decisión presidencial (Decreto 409-25) llega tras un pedido expreso del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien admitió que el tiempo restante no alcanzaba para resolver los puntos pendientes del nuevo Código Penal. Este proyecto, ya aprobado por el Senado pero trabado en la Cámara Baja, requiere conciliar posiciones encontradas entre: – Las observaciones de la Procuraduría sobre 12 artículos clave – Las demandas de organizaciones de derechos humanos – Las preocupaciones de cuerpos de seguridad Entre los puntos más polémicos destacan: 🔹 El artículo 921 sobre derecho a llamadas durante arrestos 🔹 El artículo 292 que sanciona a agentes que impidan grabaciones Reforma laboral en espera En paralelo, la modernización de las leyes laborales también espera su turno, con empresarios y sindicatos en desacuerdo sobre flexibilización contractual y regulación del teletrabajo. ¿Por qué importa? ▸ El actual Código Penal data de 1884 con parches en 2014 ▸ Es la 3ra legislatura extraordinaria del gobierno actual ▸ 7 de cada 10 dominicanos apoyan actualizar estas leyes (Gallup RD) El reloj sigue corriendo para el Congreso, que deberá demostrar en estos ocho días adicionales si puede superar sus diferencias o simplemente pospondrá el fracaso. julioguzman@umbral.com.do © Todos los derechos reservados
Tras críticas de inversionistas y bancos, la Cámara Baja modifica el proyecto para agilizar desalojos y preservar la autonomía contractual. La aprobación final se espera después del 16 de agosto. Por Alejandro Feliz G. Los diputados introducirán cambios sustanciales al proyecto de ley de alquileres tras recibir fuertes críticas de sectores inmobiliarios, financieros y jurídicos. La iniciativa, aprobada en primera lectura hace un mes, fue remitida a una comisión especial que, según el diputado Amado Díaz, incorporó más del 90% de las observaciones recogidas en consultas públicas. Entre las modificaciones destacan la eliminación de sanciones directas a propietarios —quedando estas bajo la ley de fuerza pública— y la introducción de un \»pronto despacho\» para desalojos por mora, con plazos entre 45 y 60 días. \»La vivienda tiene un componente social, pero no puede recaer solo en particulares que invierten en ella\», argumentó Díaz. El texto también distingue entre viviendas y locales comerciales: mientras los primeros tendrán procesos expeditos, los segundos —por el monto de las inversiones— se remitirán a tribunales ordinarios. Además, se mantiene la libertad para elegir el banco donde depositar las garantías, aunque sin obligar a las entidades financieras a asumir nuevas cargas administrativas. El diputado enfatizó que el contrato de alquiler conservará su carácter privado, con intervención estatal solo en conflictos. No obstante, admitió que la aprobación definitiva probablemente ocurrirá en la próxima legislatura, a partir del 16 de agosto. \»El objetivo es equilibrar derechos sin ahogar la inversión\», concluyó.
Exigen justicia y autonomía: mujeres luchan por la despenalización del aborto en las tres causales indispensables Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo.- La discusión en el Congreso Nacional sobre el nuevo Código Penal Dominicano ha desatado una fuerte controversia, con voces que demandan avances en derechos reproductivos y otras que apelan a la urgencia de aprobar una ley que consideran indispensable para el país. En la explanada del Congreso, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) expresó con firmeza su rechazo al anteproyecto de ley, que calificaron como un “Código Penal de la vergüenza” y un “retroceso disfrazado de modernidad”. La organización denunció la exclusión de la despenalización del aborto en las tres causales fundamentales: cuando el embarazo es producto de violación o incesto, y cuando el feto es inviable fuera del útero. “No vamos a abandonar el camino de la lucha”, afirmó Luzeneida Mejía, presidenta del MMT, en representación de mujeres, jóvenes y niñas que exigen respeto a sus derechos. Para Mejía, constitucionalizar la penalización del aborto, incluso en casos tan delicados como la violación conyugal, es una afrenta que empuja a la sociedad hacia atrás. Frente a esta postura, el senador Alexis Victoria Yeb, representante de María Trinidad Sánchez, sostuvo que no cederán ante las presiones para incluir las tres causales en el Código Penal. Victoria Yeb argumentó que el país necesita con urgencia la aprobación del nuevo Código, que no puede seguir postergándose por temas controversiales. “Después que aprobemos este Código, iremos hacia una ley especial para revisar esas causales”, afirmó, reconociendo la complejidad del asunto pero insistiendo en la prioridad de la reforma. Por su parte, Santiago Zorrilla, presidente de la Comisión Bicameral encargada del estudio del Código y senador por El Seibo, calificó la reforma como una “deuda histórica” y recordó que una de las causales ya está contemplada en el anteproyecto: el aborto cuando está en riesgo la vida de la madre. Sobre las otras dos causales, Zorrilla señaló que se está evaluando la creación de una legislación específica que complemente la reforma penal. El debate pone en evidencia la tensión entre la necesidad de modernizar la legislación y las demandas de sectores sociales que exigen mayor protección y reconocimiento de los derechos reproductivos. Mientras el Congreso avanza en la revisión del Código Penal, la sociedad dominicana sigue expectante ante las decisiones que definirán el rumbo en materia de justicia y derechos humanos.
El Gobierno propone impuestos estrictos, distancias de seguridad y sanciones penales para casinos, bancas deportivas y apuestas en línea, con un enfoque en control tecnológico y salud pública. Por Virtudes Álvarez Sampedro En una jugada legislativa sin precedentes, el presidente Luis Abinader sometió un proyecto de ley que busca regular con mano firme el multimillonario negocio de los juegos de azar en República Dominicana, desde los casinos hasta las apuestas en línea. La iniciativa, enviada al Senado, impone impuestos escalonados, restricciones geográficas y advertencias sanitarias, mientras sienta las bases para un cobro digital centralizado. Casinos bajo lupa Los casinos solo operarán en hoteles de cuatro estrellas o más, pagando entre 55,853 y 85,927 pesos por mesa, según su tamaño. Las máquinas tragamonedas tributarán el 5% de ventas brutas, con un cargo transitorio de 14,000 pesos mensuales hasta que la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) implemente una plataforma tecnológica. Bancas deportivas: control territorial Ubicadas a 500 metros de escuelas e iglesias, las bancas enfrentarán tarifas diferenciadas: 386,673 pesos anuales en zonas metropolitanas y 257,782 en el interior. Quienes incumplan las normas —como instalar máquinas en colmados— arriesgan multas de hasta 400 salarios mínimos y penas de 6 meses a 10 años de prisión, bajo la Ley de Lavado de Activos. Apuestas en línea: el gran desafío Los juegos virtuales pagarán un 10% de impuesto mensual, aunque temporalmente las empresas desembolsarán 5 millones de pesos al mes. El Estado bloqueará dominios de plataformas que evadan el pago. Además, se prohibirá la participación de menores y se almacenarán todas las transacciones en un Sistema Único de Registro. Salud pública en la mira Inspirado en las advertencias antitabaco, el proyecto exige que todos los locales exhiban: Jugar compulsivamente afecta tu salud. También vetará licencias a implicados en fraude, lavado de dinero o narcotráfico en los últimos cuatro años. ¿Por qué ahora? En su exposición de motivos, Abinader destacó la urgencia de modernizar un sector que mueve miles de millones, pero opera con vacíos legales. Buscamos proteger a los usuarios, especialmente a los jóvenes, y garantizar transparencia fiscal, subrayó. El Senado, tras recibir el texto, lo derivó a comisión para su análisis. Mientras el país debate si esta apuesta normativa reducirá los riesgos del azar o generará fricciones con la industria, una cosa es clara: el Gobierno no quiere dejar nada al azar.
Alfredo Pacheco advierte que los legisladores morosos tienen un mes para declarar su patrimonio o enfrentarán la suspensión de sus remuneraciones, en cumplimiento de la Ley 311-14. Por Julio Guzmán Acosta En un ultimátum sin precedentes, la Cámara de Diputados amenazó con retener los salarios de 33 legisladores que, tras nueve meses en el cargo, aún no han presentado su declaración patrimonial, violando así la Ley 311-14. El presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco, anunció la medida durante la sesión de este martes, subrayando que los congresistas tendrán un plazo perentorio de 30 días para regularizar su situación o verán congeladas sus remuneraciones, que ascienden a 320,000 pesos mensuales, más viáticos y bonos. Es una medida administrativa que nos permite el reglamento, afirmó Pacheco, sin revelar los nombres de los infractores pero dejando claro que la tolerancia ha llegado a su fin. Aunque algunos diputados iniciaron el trámite, muchos se descuidaron, excediendo el plazo legal de 30 días posteriores a su juramentación. La advertencia surge tras circular rumores sobre más de 100 diputados en deuda con la transparencia, cifra que Pacheco desmintió con vehemencia: Es falsa de toda falsedad. Son exdiputados, y nuestra jurisdicción no alcanza a ellos recalcó, sin embargo, que la actual gestión ha trabajado por mejorar su imagen ante la ciudadanía, y que esta medida refuerza su compromiso con la rendición de cuentas. Mientras el reloj corre para los 33 legisladores, la sociedad observa: ¿cumplirán con la ley o preferirán arriesgar su sueldo—y su credibilidad—en nombre del opaco statu quo?
Participación Ciudadana sugiere vistas públicas para enriquecer debate en Comisión Especial del Senado Por César Dalmasi Guzmán En un ejercicio de diálogo democrático, la Comisión Especial del Senado recibió los aportes de Participación Ciudadana sobre el controvertido proyecto de ley de libertad de expresión. La reconocida organización de la sociedad civil manifestó su respaldo general a la iniciativa legislativa, pero con observaciones críticas que podrían redefinir el alcance de la normativa. Voces calificadas, precisiones necesarias Durante su intervención, los representantes de la entidad valoraron positivamente el esfuerzo legislativo por garantizar este derecho fundamental, aunque advirtieron que ciertos artículos -cuyo contenido no especificaron en esta primera fase- podrían generar \»interpretaciones restrictivas\» del ejercicio periodístico y la libre difusión de ideas. \»Compartimos el espíritu de la propuesta, pero consideramos indispensable abrir un proceso de vistas públicas que permita incorporar las perspectivas de todos los sectores involucrados\», señaló uno de los portavoces ante los senadores presentes. Esta sugerencia busca evitar que aspectos técnicos del proyecto, actualmente en discusión, deriven en aplicaciones contrarias al propósito original de ampliar las garantías constitucionales. Un debate en construcción Las observaciones presentadas colocan sobre la mesa un dilema legislativo complejo: cómo blindar la libertad de prensa sin crear vacíos que permitan su abuso, y cómo regular responsabilidades sin caer en censura encubierta. Participación Ciudadana propuso crear mesas técnicas adicionales con medios de comunicación, academias de derecho y organismos internacionales antes de la votación final. Fuentes parlamentarias confirmaron que la Comisión analizará estas recomendaciones en las próximas semanas, en un proceso que promete intensificarse conforme avance el calendario legislativo. Mientras tanto, el proyecto sigue su curso bajo la atenta mirada de organizaciones civiles y el gremio periodístico, conscientes de que toda regulación en esta materia debe equilibrar derechos con responsabilidades sociales. Este medio mantendrá seguimiento exhaustivo al desarrollo de esta iniciativa que podría redefinir el ecosistema comunicacional del país. #LibertadDeExpresión #TransparenciaLegislativa #ParticipaciónCiudadana
Ministro Olivares revela propuesta empresarial para limitar el pago de cesantía, pero reafirma que este derecho es una conquista histórica que no puede ser eliminada ni siquiera mediante decreto Por Julio Guzmán Acosta La reforma al Código Laboral dominicano sigue avanzando en su proceso de evaluación, y uno de los temas más sensibles que se discuten es la propuesta planteada por el sector empresarial para establecer un tope temporal a la cesantía. Así lo informó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo. “Los empresarios han planteado la idea de poner un límite en el tiempo a la cesantía para que el monto sea manejable y evitar que se acumule un pago excesivo”, explicó Olivares, aunque aclaró que esta propuesta está en la mesa de discusión pero no implica que será adoptada. El funcionario enfatizó que la cesantía es una conquista histórica y fundamental de los trabajadores dominicanos, parte intrínseca de la cultura laboral del país, y advirtió que no puede ser eliminada ni siquiera mediante una ley o un decreto. “La cesantía es una conquista lograda por trabajadores, no se puede quitar ni con un decreto”, subrayó. Olivares también informó que el informe final de la comisión encargada de la reforma está concluido y pronto será presentado al pleno del Senado para su consideración. Destacó la voluntad firme de figuras clave como el senador Ricardo de los Santos y Rafael Barón Duluc, así como el consenso alcanzado en la comisión, donde participan representantes de casi todos los partidos políticos. El ministro resaltó que la reforma ha superado dos etapas importantes con un consenso casi total, pero recordó que la cesantía ha sido un derecho vigente en República Dominicana durante muchos años, resultado del esfuerzo y sacrificio de la clase trabajadora. Este debate pone de relieve la complejidad de modernizar el marco laboral sin afectar conquistas sociales que representan pilares fundamentales para la estabilidad y dignidad de los trabajadores en el país.
Hoy la comisión especial decidirá si convoca vista pública para dirimir la controversia entre interpretaciones encontradas sobre la constitucionalidad de las candidaturas sin partidos políticos, en un debate que enfrenta el mandato del Tribunal Constitucional con las limitaciones de la Carta Magna y la voz de la sociedad civil que exige reforma estructural Por César Dalmasi Guzmán En la encrucijada de un dilema que divide al país, la comisión especial de diputados encargada de la matriz legislativa para la postulación de candidaturas independientes se reúne este lunes para decidir si convoca una vista pública que permita definir el rumbo de una pieza polémica y trascendental. En el centro de la discusión late la sentencia 0788/24 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que abre la puerta a candidaturas sin partidos políticos, pero que ha desatado un debate profundo y apasionado sobre su compatibilidad con la vigente Constitución. El presidente de la comisión, diputado Elías Wessin, confirmó en el programa “Buenas noches, buena suerte” que existen dos interpretaciones antagónicas sobre la sentencia. Por un lado, la lectura formal sostiene que, conforme a la Carta Magna, no existe espacio para candidaturas independientes, pues no están expresamente constitucionalizadas. Por otro, la interpretación garantista defiende que el derecho fundamental a elegir y ser elegido debe extenderse para permitir a cualquier ciudadano aspirar a cargos públicos sin la intermediación partidaria. Este lunes a las 10:00 de la mañana, los 23 miembros de la comisión especial deliberarán sobre la conveniencia de abrir un espacio de consulta pública que permita socializar el proyecto y escuchar voces diversas antes de tomar la decisión definitiva. La disyuntiva es clara: legislar para habilitar candidaturas independientes según el mandato del TC o impulsar una reforma constitucional que asiente con mayor solidez jurídica esta figura electoral. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana (PC) han reiterado su preocupación por la falta de coherencia entre el proyecto de ley y el marco constitucional vigente. Leidy Blanco, coordinadora general de PC, expuso en el programa “Esferas de Poder” que la Constitución establece claramente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos como los actores del sistema electoral, dejando a las candidaturas independientes en un limbo jurídico que solo puede resolverse mediante una reforma constitucional profunda. Blanco destacó, además, que la ley actual contiene vacíos y contradicciones, pues regula procedimientos para sustituir senadores o diputados fallecidos, pero no contempla mecanismos para candidatos independientes, lo que podría derivar en nuevas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional y en un proceso legislativo lleno de obstáculos y cuestionamientos. En consonancia con esta postura, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la dificultad para aprobar la ley radica en que el debate debería haberse iniciado desde una revisión constitucional que permita adecuar el sistema electoral a la realidad política actual. “La Constitución siempre ha hecho referencia a los partidos políticos y nunca a movimientos independientes”, subrayó el jurista, advirtiendo que el Congreso enfrenta un desafío mayúsculo para regular una figura tan controversial sin antes cambiar el andamiaje normativo fundamental. Así, la sesión de hoy no solo definirá si la comisión especial abre el debate público, sino que también simboliza el pulso entre el derecho ciudadano a una participación más amplia y los límites del orden constitucional vigente. En este juego de interpretaciones y expectativas, la República Dominicana se encuentra ante una oportunidad histórica para repensar su sistema electoral y decidir si concede a la ciudadanía el poder de aspirar sin ataduras partidarias, o si opta por un camino más cauteloso que requiere reformar la ley máxima del país. El reloj avanza y, en pocos días, la comisión especial deberá elegir no solo el destino de una ley, sino el rumbo de la democracia dominicana en su expresión más fundamental: la vocación de todos a ser escuchados y representados.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de FINJUS, manifestó su respaldo al proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, (FOTO umbral.local/). Por Virtudes Álvarez Sampedro El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó su respaldo al proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, calificándolo como un avance significativo hacia una regulación moderna, coherente y democrática. En un escenario nacional marcado por desafíos constantes al ejercicio de la libertad de expresión, especialmente por el auge de las plataformas digitales, Castaños Guzmán destacó que el anteproyecto presentado al Senado por el Poder Ejecutivo ofrece “un marco legal alineado con la realidad actual del país” y contribuye al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. El proyecto, elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, se distingue por una estructura normativa precisa que evita ambigüedades en un tema de alta sensibilidad. Asimismo, subraya que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y debe convivir en armonía con otros derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la dignidad y la protección de la niñez. Entre los aspectos más relevantes, Castaños Guzmán resaltó el reconocimiento del impacto de las plataformas digitales en la opinión pública. El proyecto establece normas para garantizar la responsabilidad de estos espacios sin sacrificar su carácter plural y abierto, e introduce medidas contra la desinformación y para la protección de datos personales. FINJUS valoró positivamente la inclusión de mecanismos como la desindexación de contenidos bajo orden judicial y criterios objetivos, así como el cuidado en la protección de menores frente a las amenazas digitales, evidenciando un equilibrio entre la libertad de expresión y la salvaguarda de derechos individuales. En materia de sanciones, el proyecto contempla medidas proporcionales frente a infracciones como la difamación, injuria y expresiones discriminatorias, con especial atención a discursos que incitan al odio por motivos raciales, ideológicos o religiosos. A nivel institucional, se propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), adscrito al Ministerio de Cultura, que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, respondiendo a la necesidad de una supervisión más moderna y eficiente de los medios. Castaños Guzmán reiteró que la libertad de expresión es un derecho en constante evolución, fundamental para la convivencia plural, la transparencia y la buena gestión pública. Aseguró que FINJUS continuará aportando al debate legislativo para garantizar una regulación que respete la dignidad humana y fortalezca la democracia dominicana.
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