A solo semanas de que entre en vigor el nuevo Código Penal, el próximo 3 de agosto, un temor recorre la sociedad dominicana como pólvora: ¿acaso esta esperada normativa, gestada durante más de dos décadas en el Congreso, terminará por amordazar a quienes alzan su voz? El fantasma de la censura vuelve a rondar, y no faltan quienes aseguran que el país se prepara para vivir bajo el filo de una ley que castigará hasta el último insulto en Facebook.
Por Redacción Nacional
Santo Domingo. –La interrogante no es menor. Mientras la Constitución proclama en su artículo 49 el derecho sagrado a expresar pensamientos sin censura previa, el nuevo texto punitivo introduce penas que harían temblar al más osado de los periodistas o al ciudadano que osa criticar en Twitter. El honor y la reputación, dicen los legisladores, también merecen protección. Pero la ciudadanía se pregunta: ¿a qué costo?
El artículo 208 del flamante código no deja lugar a dudas: quien impute públicamente un hecho capaz de manchar el honor, la dignidad o el buen nombre de una persona —sea física o jurídica— se expone a penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de hasta quince salarios mínimos del sector público. Y cuidado, porque el medio no importa: redes sociales, transmisiones en vivo, plataformas digitales, todo queda bajo la lupa.
Pero eso no es todo. El artículo 210 castiga la injuria, esas expresiones ultrajantes que, sin señalar un hecho concreto, hieren la dignidad ajena. Y el 310, quizás el más polémico, establece que ultrajar a un funcionario público —con palabras, gestos o escritos, aunque sean en privado— merece de quince días a un año de prisión, más multa del doble o triple de su salario.
Los más avispados recordarán la vieja Ley 6132 de 1962, que hasta ahora regía la materia. En aquel entonces, difamar a un particular costaba apenas quince días a seis meses de prisión y multas de 25 a 200 pesos. Hoy, los valores se han multiplicado y el plazo para que prescriba el delito se ha extendido. La mano dura, dicen, es la nueva firma de la justicia.
Sin embargo, no todos cantan malas nuevas. Juristas alertan que el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia TC/0075/16, ya dejó claro que la crítica a funcionarios públicos, el debate de interés general y las denuncias verificables están blindadas por la libertad de expresión. Ese fallo, recuerdan, tumbó artículos completos de la vieja ley. ¿Hará lo mismo con el nuevo código?
Mientras tanto, el reloj avanza. El 3 de agosto, la espada caerá. Los periodistas, los comentaristas de redes y hasta el ciudadano que suelta un improperio en un grupo de WhatsApp deberán pensarlo dos veces. Porque en la República Dominicana, a partir de esa fecha, la lengua tendrá dueño. O al menos, un juez.
