Líderes sindicales endurecen su postura frente a las presiones empresariales y advierten que retirarán su respaldo a la reforma si se reabre el debate sobre las prestaciones laborales. Aseguran que la cesantía ha acompañado el crecimiento económico dominicano durante décadas y rechazan cualquier intento de limitar derechos adquiridos por los trabajadores.
Por César Dalmasi Guzmán
Santo Domingo.— La reforma al Código de Trabajo atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lo que durante más de una década de negociaciones parecía encaminarse hacia un consenso histórico vuelve a enfrentar a empresarios y sindicatos, esta vez alrededor de un tema que los representantes de los trabajadores consideran innegociable: la cesantía.
Las principales centrales sindicales del país advirtieron que prefieren la permanencia del actual marco legal antes que aceptar modificaciones al régimen de prestaciones laborales, reavivando una controversia que amenaza con descarrilar definitivamente el proyecto que cursa en el Congreso Nacional.
La posición fue expresada con firmeza por Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), quien aseguró que si el sector empresarial insiste en reabrir la discusión sobre la cesantía, lo más conveniente sería retirar la iniciativa legislativa.
“Si los empresarios no están de acuerdo con el pacto que fue posible, entonces preferimos que se retire la reforma laboral y que el Código de Trabajo se quede como está actualmente”, afirmó el dirigente sindical.
Trece años de negociaciones y una diferencia irreconciliable
Abreu recordó que durante más de trece años de conversaciones tripartitas entre Gobierno, empleadores y trabajadores se lograron acuerdos en prácticamente todos los aspectos vinculados a la modernización de la legislación laboral.
Según explicó, las organizaciones sindicales aceptaron ajustes relacionados con jornadas de trabajo, procedimientos administrativos, mecanismos de conciliación y diversos aspectos operativos. Sin embargo, mantuvieron una postura invariable respecto a la cesantía.
“Desde el primer día dijimos que la cesantía no era negociable. Ese fue el único punto donde no hubo acuerdo”, sostuvo.
A juicio del dirigente, la insistencia empresarial en reabrir la discusión confirma que el principal interés de ese sector continúa siendo la reducción de los costos derivados de la terminación de contratos laborales.
“Sabemos cuál es el objetivo. Para los empresarios, si no se toca la cesantía, no hay reforma válida porque ahí es donde está el aspecto económico”, manifestó.
Los cambios que rechazan los trabajadores
De acuerdo con Abreu, entre las propuestas promovidas por sectores empresariales figuran la imposición de un límite de seis años de antigüedad para calcular la cesantía, el establecimiento de un tope de diez salarios mínimos para determinar el monto de la indemnización y la sustitución del último salario devengado por un promedio salarial como base de cálculo.
Para los sindicatos, estas modificaciones equivaldrían a una reducción significativa de los beneficios reconocidos por la legislación vigente.
“Eso es un desmonte de fondo de la cesantía y por eso nos opusimos categóricamente”, afirmó.
La cesantía no ha frenado el crecimiento, afirma Gabriel del Río
La defensa de las prestaciones laborales también fue asumida por Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), quien rechazó los argumentos que vinculan la cesantía con una supuesta pérdida de competitividad empresarial.
El dirigente sostuvo que la economía dominicana ha mantenido un crecimiento sostenido durante décadas sin que este derecho laboral haya representado un obstáculo para la inversión ni para la generación de empleos.
“La cesantía no ha sido un obstáculo para el desarrollo del país. La economía ha crecido, el turismo se ha fortalecido y los empresarios han generado importantes ganancias durante todos estos años”, expresó.
Del Río consideró que quienes impulsan cambios en este componente de la legislación laboral no han presentado evidencias que demuestren un impacto negativo sobre el desempeño económico nacional.
“El país ha avanzado significativamente en los últimos años. Entonces, ¿por qué hay que cambiar la cesantía? No existe evidencia de que sea un freno para el desarrollo”, agregó.
Un derecho construido durante más de ocho décadas
En defensa del esquema vigente, Abreu recordó que la cesantía forma parte de una evolución histórica de los derechos laborales dominicanos que se remonta a 1944.
Inicialmente, explicó, la compensación equivalía a cinco días de salario. Posteriormente, el Código de Trabajo de 1951 elevó el beneficio a quince días por año laborado, mientras que la reforma de 1992 consolidó el régimen actual.
La legislación vigente establece el pago de 21 días de salario por cada año trabajado para empleados con entre uno y cinco años de servicio, y de 23 días por año para quienes superan ese período.
“La cesantía siempre ha aumentado; nunca ha disminuido. Por eso entendemos que no puede producirse un retroceso en un derecho conquistado por los trabajadores”, afirmó.
La decisión queda ahora en manos del Congreso
Las organizaciones sindicales aseguran que no contemplan nuevas rondas de negociación sobre este tema y esperan que el Congreso Nacional apruebe la reforma laboral respetando el texto consensuado durante las extensas discusiones desarrolladas entre los distintos sectores.
Tanto Abreu como Del Río manifestaron su confianza en las declaraciones emitidas por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, quienes han señalado su disposición de conocer la iniciativa sin introducir modificaciones al régimen de prestaciones laborales.
Mientras tanto, la cesantía continúa siendo el punto que divide a los actores de la reforma y el principal escollo para una legislación que, pese a años de negociaciones, vuelve a caminar por una cuerda floja.
