El intelectual y dirigente de izquierda Rafael Chaljub Mejía advierte sobre los riesgos de eliminar un derecho laboral conquistado hace más de ocho décadas y denuncia las trabas que enfrentan los trabajadores dominicanos para organizarse sindicalmente mientras el empresariado fortalece sus propios espacios de representación.
Por Julio Guzmán Acosta
En la historia de los pueblos existen derechos que no nacen de la generosidad de los poderosos, sino de largas jornadas de lucha, sacrificios y conquistas sociales. La cesantía laboral dominicana es uno de ellos. Por eso, cuando hoy vuelve a colocarse sobre la mesa la posibilidad de limitarla o eliminarla, el debate trasciende el terreno económico para instalarse en el corazón mismo de la justicia social.
Así lo plantea Rafael Chaljub Mejía, una de las voces más respetadas de la izquierda dominicana, reconocido por décadas como analista político, ensayista y estudioso de los procesos sociales del país. Su nombre también ocupa un lugar de honor en la preservación de la memoria cultural nacional gracias a sus investigaciones sobre el merengue típico dominicano, así como por una vasta obra bibliográfica que documenta buena parte de la historia política dominicana de los últimos cincuenta años.
Desde las páginas de Umbral, Chaljub levanta una alerta sobre lo que considera una ofensiva de los sectores más conservadores del empresariado contra una conquista laboral establecida por ley desde 1944, incluso durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
“La cesantía fue adquirida por los trabajadores hace más de ochenta años”, recuerda el autor, al tiempo que cuestiona que algunos grupos patronales pretendan retroceder sobre un derecho que ha servido durante generaciones como mecanismo de protección para miles de familias dominicanas frente a la pérdida del empleo.
Su reflexión adquiere especial relevancia en momentos en que diversos sectores económicos promueven reformas al Código de Trabajo. Para Chaljub, detrás de los argumentos técnicos y las fórmulas económicas se esconde una intención más profunda: debilitar las garantías históricas de los trabajadores aprovechando la fragilidad del movimiento sindical y el auge de corrientes conservadoras en el escenario internacional.
Sin embargo, el escritor establece una diferencia importante. Sostiene que esa posición no representa a todo el empresariado nacional, compuesto en gran medida por pequeños y medianos productores que generan empleos y participan activamente en la economía real del país. A su juicio, es una minoría empresarial, vinculada a los sectores más poderosos, la que impulsa la eliminación de la cesantía.
Pero la denuncia de Chaljub no se limita a la discusión sobre las prestaciones laborales. Su mirada se extiende hacia una contradicción que considera profundamente injusta dentro del modelo laboral dominicano.
Mientras los empresarios cuentan con poderosas organizaciones gremiales para defender sus intereses, los trabajadores enfrentan enormes obstáculos cuando intentan ejercer el derecho constitucional a la sindicalización. Según expone, numerosos empleados son despedidos tan pronto intentan organizar sindicatos o promover asociaciones laborales dentro de las empresas.
La paradoja resulta evidente. Los sectores empresariales disponen de asociaciones corporativas, federaciones, cámaras y agrupaciones especializadas. Incluso existen organizaciones para las mujeres empresarias y para las nuevas generaciones de empresarios. En contraste, muchos trabajadores ven amenazada su estabilidad laboral cuando procuran construir estructuras de representación colectiva.
La consecuencia, advierte el autor, es una democracia incompleta, donde la libertad de asociación encuentra límites precisamente en los espacios donde debería ejercerse con mayor plenitud: los centros de trabajo.
Por ello, Chaljub considera que la defensa de la cesantía debe convertirse también en una oportunidad para revitalizar el movimiento sindical y fortalecer la conciencia de los trabajadores sobre los derechos que podrían verse comprometidos. A su entender, la preservación de la cesantía y la defensa de la libertad sindical forman parte de una misma causa: la protección de la dignidad laboral.
El debate, sostiene, ya está abierto y obliga a todos los actores políticos a fijar posición. Los partidos deberán definir públicamente de qué lado se colocan en una discusión que afecta directamente a cientos de miles de trabajadores. Del mismo modo, el Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad final de decidir el rumbo de cualquier modificación legislativa.
En medio de las presiones cruzadas, la cesantía vuelve a ocupar el centro de una discusión nacional que trasciende balances financieros y cálculos empresariales. Lo que está en juego, según la advertencia de Rafael Chaljub Mejía, es la preservación de una conquista histórica que durante más de ocho décadas ha servido como uno de los pilares de protección para la clase trabajadora dominicana.
