- La aprobación de la Ley 30-26 no puede presentarse como una simple medida fiscal. Se trata de una decisión política con profundas consecuencias económicas, sociales y de seguridad ciudadana, que el Gobierno intenta minimizar mientras traslada nuevamente el peso de sus errores a la población.
Esta reforma fiscal llega en el peor momento: con una economía en desaceleración, una inflación de alimentos superior al 6 %, menos liquidez y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las familias dominicanas
A esto se suma la extracción de aproximadamente RD$50,000 millones de la economía privada para transferirlos al gobierno, sin que hasta hoy exista una explicación clara, transparente y convincente sobre en qué se invertirá ese dinero.
Pretender que esta reforma no tendrá impacto en la seguridad ciudadana es desconocer la realidad que vive la gente en las calles, en los barrios y en los hogares donde cada día alcanza menos el dinero y donde un botellón de agua cuesta casi el triple de lo que costaba en el 2020.
Estudios internacionales publicados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional concluyen que los delitos contra la propiedad, como hurtos y robos, tienden a aumentar en contextos donde coinciden el incremento del costo de vida, la reducción de oportunidades económicas y el deterioro del poder adquisitivo.
No se trata de afirmar que la pobreza produce automáticamente delincuencia, sino de reconocer que un gobierno que encarece la vida reduce oportunidades y no ofrece respuestas efectivas está creando un terreno cada vez más fértil para la conflictividad social, la violencia y las economías ilegales.
Para nadie es un secreto que los desafíos en materia de seguridad aumentan cada día, mientras las autoridades no han logrado contener los robos, la violencia derivada de conflictos sociales, los casos de personas desaparecidas y el avance del crimen organizado. El discurso oficial insiste en presentar avances, pero la realidad cotidiana de la población cuenta otra historia. Además, los territorios con mayores niveles de criminalidad suelen coincidir con aquellos donde existen menos oportunidades económicas, menor inversión y mayores niveles de exclusión social.
La economía y la seguridad están profundamente conectadas.
Menos inversión implica menos empleos. Menos empleos implican menos oportunidades. Menos oportunidades generan mayor vulnerabilidad social. Y cuando un gobierno insiste en cargar a los ciudadanos con nuevos sacrificios, mientras no corrige el despilfarro ni la ineficiencia pública, el resultado es el que ya estamos viendo: más delincuencia, más violencia y mayor expansión de economías ilegales.
Resulta inaceptable que, después de casi seis años de gobierno, la respuesta sea pedirle más dinero a una ciudadanía agotada, mientras siguen pendientes los resultados que se prometieron en seguridad, eficiencia institucional, reducción del gasto innecesario y mejora de la calidad de vida.
Mientras tanto, aumenta el gasto corriente, se siguen pagando sumas cuantiosas en publicidad, se amplían estructuras burocráticas y se multiplican los asesores y consultores contratados para compensar las deficiencias y la inoperancia de una gestión pública que no logra convertir los recursos en resultados concretos.
El mensaje que recibe la población es claro y profundamente injusto: se le exige pagar más, sacrificarse más y resistir más, mientras desde el gobierno no se observa la misma disciplina, austeridad ni sentido de responsabilidad.
La seguridad ciudadana no se construye con ruedas de prensa, anuncios optimistas ni titulares diseñados para vender la idea de que todo marcha bien.
Se construye con resultados, con prevención, con empleos, con inversión, con oportunidades reales para los jóvenes y con instituciones capaces de administrar correctamente los recursos públicos. Lo que el país necesita no es otra narrativa oficial, sino una política seria, medible y transparente que enfrente las causas de la inseguridad.
La Ley 30-26 comenzará a sentirse rápidamente en el costo de vida, en los precios de bienes y servicios y en la capacidad de compra de los ciudadanos.
La población no puede seguir pagando las consecuencias de una administración que pide más recursos, pero no demuestra con hechos que sabe usarlos mejor.
No se puede continuar financiando más burocracia, más asesores, más propaganda y más planes fallidos, mientras los problemas de seguridad y calidad de vida siguen sin solución real.
Porque la economía y la seguridad no son temas separados. Son dos dimensiones inseparables de la realidad que viven diariamente los dominicanos.
Cuando el gobierno encarece la vida, debilita las oportunidades y no ofrece respuestas efectivas, también compromete la tranquilidad de las familias.
