En un mensaje dirigido a la opinión pública, el mandatario colombiano denunció modificaciones en los algoritmos del software de conteo de los hermanos Bautista, así como la inclusión de 800.000 cédulas de personas que no figuran en el censo oficial. Advirtió que los resultados vinculantes solo serán los emitidos por las comisiones escrutadoras lideradas por jueces de la República y llamó a desmontar la propaganda de la ultraderecha que busca sacar de contexto sus declaraciones.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
Redacción Internacional
En medio de una creciente tormenta política y apenas dos horas después de que los resultados provisionales de la primera vuelta presidencial dieran la victoria al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, rompió el silencio institucional sobre la fiabilidad del preconteo y defender la legitimidad del escrutinio judicial.
“Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista porque, debiendo permanecer inalterados los algoritmos del software de conteo y escrutinio, estos fueron modificados en tres oportunidades durante la última semana”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido a través de su cuenta en X, antes Twitter.
El presidente añadió una denuncia que, de confirmarse, tendría graves implicaciones para la transparencia del proceso: “Se agregaron 800.000 cédulas de personas que no figuran en el censo oficial presentado”. Según Petro, en este momento existen dos censos: el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que incluye 800.000 personas adicionales sin respaldo en el registro civil electoral.
“Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”, sostuvo el jefe de Estado, quien enfatizó que, conforme a la ley, los resultados vinculantes que atenderá y aceptará serán exclusivamente los emitidos por las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República.
El mensaje presidencial buscó también desmontar lo que calificó como una campaña de propaganda impulsada por sectores de la ultraderecha, que a su juicio pretenden sacar de contexto sus declaraciones para generar confusión sobre la legitimidad del proceso. Petro fue enfático en señalar que su posición no desconoce la voluntad popular, sino que defiende la integridad del sufragio frente a lo que considera irregularidades técnicas en el procesamiento privado de los datos.
“Los resultados vinculantes no salen de empresas privadas, salen de la justicia electoral”, subrayó.
La controversia estalla en una coyuntura de alta polarización. El preconteo, que sorprendió a analistas y encuestadores, había dado a De la Espriella un 43,7% de los votos frente al 40,9% de Iván Cepeda, el candidato oficialista. Pero Petro, lejos de aceptar esos números como un reflejo de la voluntad de las urnas, ha puesto el foco en el sistema de contabilización que rige en el país, criticando una vez más la fiabilidad de la empresa privada que sirve como contratista de la Registraduría Nacional para la logística electoral.
Hasta el cierre de esta edición, los hermanos Bautista no se habían pronunciado oficialmente sobre las acusaciones del mandatario, mientras que diversos sectores políticos han pedido una revisión técnica independiente de los algoritmos y las bases de datos utilizadas en el preconteo.
El llamado de Petro, de corte institucional pero atravesado por la urgencia política, apela a la legalidad y al papel de los jueces como garantes últimos de la transparencia del voto. La controversia, que amenaza con profundizar la crisis de credibilidad electoral, mantiene en vilo al país mientras las comisiones escrutadoras judiciales avanzan en su labor.
“Los resultados vinculantes no salen de empresas privadas, salen de la justicia electoral”, repitió el presidente como un mantra, en un intento por delimitar el campo de lo que considera válido y vinculante en el proceso democrático colombiano. El país, acostumbrado a las tensiones entre el poder político y las instituciones electorales, asiste ahora a un nuevo episodio que definirá, más allá de los números, la confianza futura en su propio sistema de sufragio.
