Mientras el Gobierno defiende el pacto como cooperación temporal y voluntaria, organizaciones patrióticas y de izquierda denuncian una «afrenta a la Constitución»; partidos como FNP y MODA respaldan la medida.
Por Ángel Feliu G.
Santo Domingo. – El acuerdo de cooperación suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos ha generado una aguda polarización entre los sectores políticos y sociales del país. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) insiste en que se trata de un instrumento no vinculante que no compromete la soberanía nacional, organizaciones patrióticas y de izquierda lo califican como una «concesión vergonzosa» que viola la Carta Magna.
El asesor jurídico del Mirex, ha sido enfático al señalar que el pacto, de vigencia inicial de un año y susceptible de ser suspendido en cualquier momento, es un «acuerdo de buena voluntad política» sin atadura jurídica permanente. «El pacto responde a necesidades puntuales de colaboración en materia de seguridad y desarrollo institucional, y no implica compromisos indefinidos ni cesión de competencias nacionales», puntualizó Muñiz, en declaraciones ofrecidas a nombre del titular del Mirex, Ángel Feliu G.
Sin embargo, la posición oficial ha chocado con un frente opositor conformado por más de una veintena de organizaciones. En un comunicado conjunto, la Fuerza de la Revolución, el Movimiento Caamañista, el Partido Patria Para Todos y otras agrupaciones denunciaron que con este acuerdo se ha «consumado una nueva afrenta contra la Carta Magna, la historia y la dignidad de la República Dominicana» .
Los grupos opositores advierten que Estados Unidos utilizará la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas como «plataforma de operaciones» para agredir a Venezuela, tal como ocurrió en Irak y Libia. «Un acto de sometimiento como este solo puede despertar la justa indignación patriótica», reza el texto .
En el extremo opuesto del espectro político, el pacto ha recibido respaldos significativos. La Fuerza Nacional Progresista (FNP) calificó el acuerdo como «oportuno, correcto y necesario», sustentado en bases constitucionales sólidas, particularmente en los artículos 128 y 262 de la Constitución, que ordenan combatir el Crimen Organizado Transnacional .
De igual forma, el partido Democrático Alternativo (MODA), a través de su presidente Elsido Díaz, expresó que permitir el uso de las instalaciones aeroportuarias contribuirá a enfrentar el trasiego de drogas, una epidemia que afecta principalmente a los jóvenes .
En medio de la controversia, el presidente Luis Abinader salió al paso de las críticas, minimizando las acusaciones de «entrega de soberanía» y recordando que existen precedentes de acuerdos similares firmados en 1995 y 2003. El mandatario reveló que la vigencia del convenio se extiende hasta abril de 2026, y reiteró que estos pactos favorecen la lucha contra el narcotráfico por vía aérea y marítima .
La disparidad de criterios refleja la tensión histórica en la República Dominicana entre la cooperación internacional en materia de seguridad y la defensa de un nacionalismo que desconfía de las injerencias externas, especialmente de Estados Unidos, cuyas intervenciones militares en 1904, 1916 y 1965 siguen siendo una herida abierta en la memoria colectiva del país .
