Víctor- Ito-Bisonó, Limber Cruz y representantes del sector arrocero, ayer en el MICM.
(UMBRAL.COM.DO)
Por Thiago Zorrilla Acosta
Santo Domingo. – En un esfuerzo por proteger la producción nacional de arroz, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 624-24, que establece un arancel del 20% ad valorem sobre las importaciones de arroz provenientes de Estados Unidos y Nicaragua. Esta medida forma parte de una serie de acciones destinadas a salvaguardar la soberanía alimentaria del país, tras el temor expresado por los productores locales ante la liberalización del mercado que se prevé para enero de 2025, en cumplimiento del tratado de libre comercio DR-Cafta.
El decreto también extiende la protección al arroz con un arancel del 99% para las importaciones que excedan la cuota NMF (Nación Más Favorecida), que se mantiene en 233,000 toneladas métricas con cero aranceles desde Estados Unidos. La implementación de esta normativa se mantendrá vigente hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) recomiende lo contrario.
Durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el ministro Víctor -Ito- Bisonó destacó la importancia del arroz en la dieta de los dominicanos y su papel fundamental en la economía nacional, donde más de 30,000 productores generan un impacto económico superior a RD$45,000 millones anuales. «El gobierno ha establecido un diálogo con todos los sectores involucrados para garantizar y proteger la producción de arroz ante los desafíos de la desgravación arancelaria», afirmó el ministro.
El titular del MICM también presentó el decreto 693-24, que asegura el apoyo continuado a los agricultores dominicanos. En este sentido, el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, aseguró que el país es autosuficiente en la producción de arroz, con una proyección de 14 millones de quintales para finales de año. «El gobierno se compromete a mejorar las condiciones agrícolas y fomentar el uso de semillas certificadas para aumentar la producción y la productividad», añadió Cruz.
El artículo 21.2 del DR-Cafta, que justifica estas medidas, establece que ninguna de las partes del tratado puede impedir la adopción de acciones que mantengan la paz y la seguridad nacional, en este caso, la alimentaria. La implementación de este decreto busca preservar la capacidad productiva interna de la República Dominicana y garantizar el abastecimiento seguro de alimentos para su población.
Con estas decisiones, el gobierno dominicano reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria y la protección de su sector agrícola, a medida que se aproxima el vencimiento de las protecciones arancelarias establecidas por el DR-Cafta.
