El pliego de condiciones para la licitación del proyecto de “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” fue manipulado para favorecer a Transcore Latam S.R.L., adaptando los requisitos a la medida de la empresa, de acuerdo a la orden de arresto emitida por el Ministerio Público.
JULIO GUZMÁN ACOSTA
La corrupción, en sus múltiples formas, ha encontrado un terreno fértil en la administración pública dominicana, y un nuevo escándalo acaba de salir a la luz, resaltando nuevamente la vulnerabilidad de las instituciones. El reciente hallazgo de irregularidades en el pliego de condiciones para la licitación del proyecto de “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” revela una elaborada maniobra diseñada para beneficiar a la empresa Transcore Latam S.R.L. Esta situación ha suscitado la atención del Ministerio Público, que ha emitido órdenes de arresto en contra de varios funcionarios involucrados.
Un Proceso amañado desde el Inicio
El proceso de licitación, destinado a transformar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, estaba condicionado desde sus bases. Originalmente, los requisitos exigían una experiencia mínima de 15 años; sin embargo, este umbral fue drásticamente reducido a solo un año. Asimismo, el número de controladores requeridos a nivel mundial pasó de 15,000 a 1, y el mínimo de intercepciones cayó de 40,000 a 1. Estas modificaciones, según lo expuesto en la orden de arresto, fueron parte de una estrategia deliberada de corrupción que buscó facilitar la participación de Transcore Latam en el proceso licitatorio.
La alteración en el pliego de condiciones no se detuvo allí. La estipulación de que la vigencia del contrato comenzara con la certificación de la Contraloría General de la República fue cambiada para iniciar con la firma del contrato, lo que estableció un plazo de cinco años. Estos cambios despertaron la sospecha de que la manipulación estaba en efecto, y que había un grupo dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dispuesto a violar normas para favorecer intereses particulares.
La Red de Colaboradores
Según los documentos de la investigación, Samuel Baquero, jefe de peritos del Intrant, fue uno de los principales artífices de estas irregularidades, colaborando estrechamente con Hugo Beras y Frank Rafael Atilano Díaz Warden para implementar las modificaciones. La falta de transparencia fue evidente, ya que la directora de planificación y desarrollo del Intrant no fue convocada para participar en las modificaciones, a pesar de su rol como miembro del comité de compras.
Los cambios en el pliego de condiciones fueron firmados únicamente por Félix Rubén Reynoso Calderón, quien actuó bajo instrucciones de Atilano, omitiendo deliberadamente la firma de otros miembros del comité. Este proceder subraya una preocupante cultura de impunidad y falta de ética que parece prevalecer en algunos sectores del gobierno.
La Usurpación y Creación Fraudulenta de la Firma
Una de las revelaciones más alarmantes del caso es cómo Jochy Gómez, el principal responsable de Transcore Latam, utilizó prácticas fraudulentas y mafiosas para establecer su empresa. Según el documento, en mayo de 2022, adquirió el dominio “Transcore.com” y usurpó la identidad de un ciudadano alemán, Jörg Brinkmeyer, para crear Transcore Latam S.R.L. en la República Dominicana. A través de correos electrónicos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa, la cual fue finalmente inscrita en la Cámara de Comercio de Santo Domingo en julio del mismo año.
El teatro y trama de corrupción estuvo planificado desde el inicio y fue aún más intrincado cuando Pedro Vinicio Padovani Báez, quien ocupaba un puesto clave en el Centro de Control de Semáforos del Intrant, renunció para trabajar directamente con Gómez. Esta maniobra coincidió con la llegada de Hugo Beras, nombrado director ejecutivo del Intrant, lo que permitió que la conspiración se afianzara bajo su mando.
El Desvío de Fondos y el Aumento Desproporcionado del Proyecto
A pesar de que el Plan Operativo Anual para 2023 tenía asignados apenas RD$ 104 millones para la modernización de la red semafórica, este monto fue incrementado a RD$ 1,200 millones sin justificación alguna, un aumento desproporcionado que plantea graves interrogantes sobre la gestión fiscal del Intrant. Según la orden de arresto, una asociación criminal se gestó entre Beras, Atilano, Samuel Baquero y Jochy Gómez para desviar fondos públicos destinados a un proyecto que podría no haber sido más que una fachada para enriquecerse ilícitamente.
Aún más sorprendente fue la decisión del Comité de Compras y Contrataciones del Intrant de autorizar la licitación del proyecto, a pesar de que no había documentación técnica ni financiera que justificara su exorbitante costo.
Reflexión Final
El escándalo de la modernización semafórica no es simplemente un caso de corrupción más; es una representación del desafío que enfrenta la República Dominicana en la lucha por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Mientras las investigaciones continúan, y las autoridades buscan desmantelar esta red de corrupción en el Intrant, la ciudadanía observa con una mezcla de incredulidad y resignación.
En un país donde la corrupción se ha vuelto casi sistémica, cada nuevo episodio resalta la urgencia de un cambio estructural que restablezca la confianza en las instituciones y asegure que los fondos públicos se utilicen para el beneficio colectivo, y no como un medio para enriquecer a unos pocos a costa del bienestar de muchos. La lucha por una República Dominicana más justa y transparente depende de la efectividad con que se actúe en este y otros casos similares.
