La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo elimina el anticipo para las mipymes, actualiza las exenciones del Impuesto Sobre la Renta aplicadas a los salarios y culmina uno de los procesos legislativos más expeditos de la historia reciente del Congreso Nacional.
Por César Dalmasi Guzmán
SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional convirtió en ley el proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Tributaria y Mitigación de la Crisis Internacional, al ser aprobado de urgencia por la Cámara de Diputados en dos lecturas consecutivas, apenas un día después de recibir el respaldo del Senado de la República.
Con la sanción definitiva de la Cámara Baja concluye el proceso legislativo de la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo, por lo que la pieza será remitida al presidente de la República para su promulgación y posterior publicación oficial.
Durante la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el proyecto sería enviado al Poder Ejecutivo antes de las cinco de la tarde. Los legisladores rechazaron las propuestas de modificación planteadas por los bloques opositores, aprobando el texto sin variaciones respecto a la versión sancionada previamente por el Senado.
La iniciativa comenzó su recorrido congresual el pasado 12 de junio, cuando el Senado decidió remitirla al estudio de una comisión bicameral presidida por el senador Pedro Catrain. La integración del organismo quedó completada días después con la designación de los representantes de la Cámara de Diputados, quienes optaron, al igual que los senadores, por reducir el número de participantes a la Comisión Permanente de Hacienda y a los voceros de las distintas bancadas, con el propósito de agilizar su estudio.
En el curso de los trabajos, la comisión recibió al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien expuso los principales aspectos técnicos de la propuesta. También participaron representantes de la Asociación de Industriales de Herrera, en una jornada en la que se anunció la emisión del informe favorable.
La promesa se materializó al día siguiente. El senador Pedro Catrain presentó el informe, solicitó su inclusión en la agenda legislativa y propuso declararlo de urgencia. El Senado acogió la petición y aprobó la iniciativa en dos lecturas consecutivas, incorporando ajustes relacionados con impuestos a premios de lotería y apuestas, casinos, bancas de lotería y exenciones para ambulancias, camiones de bomberos y compactadores de basura, además de otras correcciones técnicas.
Al llegar a la Cámara de Diputados, el proyecto recibió el mismo tratamiento expedito. Aunque la oposición protagonizó un intenso debate y sometió diversas modificaciones, ninguna obtuvo el respaldo suficiente para alterar el contenido aprobado por la Cámara Alta.
Entre las principales controversias surgidas durante el debate destacó la posición del senador Omar Fernández, quien afirmó que “el sacrificio es para todos, excepto para el Gobierno”. En contraste, el senador independiente, Antonio Taveras, definió la iniciativa como una reforma fiscal “light”, al considerar que responde a las exigencias de la coyuntura internacional, aunque deja pendientes transformaciones estructurales en áreas como el sector eléctrico, el gasto público y la seguridad social.
La velocidad con que avanzó la propuesta también concitó atención en el ámbito político. Desde su depósito en el Congreso hasta su aprobación definitiva transcurrieron apenas siete días, lo que la convierte probablemente en una de las reformas fiscales aprobadas con mayor rapidez en la historia reciente del Poder Legislativo.
El acelerado proceso coincidió con cambios en el escenario internacional. Mientras el Congreso conocía la iniciativa, cesaban las hostilidades en Medio Oriente y se anunciaba la firma de un acuerdo entre las partes, situación que incidió en una reducción de los precios internacionales del petróleo.
Este nuevo contexto alimentó el debate sobre la pertinencia de la reforma. El expresidente Leonel Fernández sostuvo que la disminución del precio del crudo compensaría los recursos destinados por el Gobierno al subsidio de los combustibles, por lo que, a su juicio, la reforma habría perdido justificación.
No obstante, el economista y dirigente político Richard Medina rechazó esa interpretación, argumentando que la baja en los precios responde a factores coyunturales y que el mercado tenderá a estabilizarse gradualmente, descartando descensos sostenidos en el mediano plazo.
Concluido el trámite congresual, el proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo, donde deberá ser promulgado para entrar formalmente en vigencia y permitir la aplicación de las nuevas disposiciones tributarias contempladas en la ley, entre ellas la eliminación del anticipo para las micro, pequeñas y medianas empresas y la indexación de las exenciones del Impuesto Sobre la Renta aplicables a los salarios.
