Jueces y juezas de todo el país iniciaron un paro indefinido exigiendo respuestas concretas y fechas ciertas al Consejo del Poder Judicial. Denuncian salarios precarios, infraestructura abandonada, falta de personal y millonarios gastos superfluos, como un árbol de Navidad de RD$11 millones. Advierten que no cesarán la lucha hasta ver hechos, no discursos.
Por Brendalis Reyes
“Basta ya de discurso, de promesas, de estrategias inconclusas”. Con esta advertencia, dicha al unísono desde cada palacio de justicia de la geografía nacional, 450 jueces y juezas alzaron ayer su voz no para impartir justicia, sino para exigirla para sí mismos.
Un paro histórico, por tiempo indefinido, sacudió los tribunales del país. No hubo estrados, ni audiencias, ni roles cumplidos. Solo el eco de un manifiesto leído con la cadencia de quien ha caminado años en el desierto institucional: “Hemos hecho peticiones, llamado al diálogo, denuncias públicas, acciones judiciales. Y como respuesta siempre obtuvimos el silencio”.
Los manifestantes, organizados en la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (ADOJUPA) y la Asociación de Jueces y Juezas Dominicanos por la Democracia (ASOJOURD), advirtieron que este es apenas el inicio de una lucha en la que no desmayarán ni se dejarán amedrentar. “No cejaremos hasta obtener respuestas concretas, con fechas ciertas y parámetros claros de ejecución”, sentenciaron.
La lista de males que aqueja a quienes administran justicia es larga y dolorosa: falta de personal y de jueces, baja remuneración salarial, carga de trabajo excesiva, renuncia masiva del personal administrativo, deterioro y abandono de la infraestructura de los tribunales, y ausencia de seguridad tanto en los palacios como para los propios magistrados.
Pero lo que encendió la mecha de la indignación fue la comparación inevitable entre las carencias y los dispendios. Los jueces denunciaron que mientras ellos laboran en condiciones precarias, el presupuesto institucional se derrocha “en cuestiones superfluas y de menor relevancia”. Pusieron cifras: casi 11 millones de pesos en un árbol de Navidad, y cientos de millones en viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
El 19 de mayo pasado, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) puso por primera vez atención a sus reclamos. Pero la respuesta, según los manifestantes, fue una serie de propuestas “imprecisas, condicionadas e ineficaces”. La indexación salarial, dijeron, depende de un presupuesto complementario sin fecha cierta. La movilidad judicial se redujo a una hoja de ruta sujeta a futuros procesos participativos, sin medidas específicas ni plazos concretos.
No se abordaron temas como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad entre iguales generada por el manual de salarios, ni la movilidad de la carrera administrativa.
“El lema del Poder Judicial es: ‘Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas’. Nosotros, que hacemos posible esa justicia al día, queremos que la dignidad comience por casa”, proclamaron en el manifiesto.
En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la magistrada Suinda Jazmin Brito leyó el documento ante los medios, acompañada por los jueces Raymundo Mejía, Franny González y Rosalmy Guerrero. Allí, quedaron suspendidas audiencias clave, como la preliminar de la Operación Pandora —relacionada con una red criminal que habría sustraído y vendido ilegalmente más de 900 mil municiones— y los roles de la segunda sala penal.
Solo se mantienen en funcionamiento los servicios de Atención Permanente para medidas de coerción y órdenes de arresto.
“No puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian”, concluyeron los jueces, con la promesa de que este paro es solo la primera página de un capítulo que, advierten, no cerrarán sin ver hechos.
