Londres, 24 feb (Prensa Latina) La ausencia de una decisión final en el Tribunal Superior del Reino Unido sobre la extradición de Julian Assange hacia Estados Unidos aviva hoy las alertas respecto al futuro de la libertad de prensa a nivel global
Si los jueces encargados de la apelación dispusieran el traslado del fundador de WikiLeaks hacia el país norteño este podría enfrentar alrededor de 175 años de cárcel, sobre la base de una centenaria Ley de Espionaje aprobada en 1917 y nunca antes aplicada a un periodista.
Los días 20 y 21 los abogados de Assange, recluido en la prisión de Belmarsh desde abril de 2019, regresaron a los tribunales en un último intento por evitar la extradición del comunicador de 52 años, acusado por Washington de 18 cargos de espionaje e intrusión informática.
Los magistrados Victoria Sharp y Adam Johnson deliberarán sobre el tema en un plazo aún no definido, tras las exposiciones de los argumentos de la defensa del australiano—ausente en estos días por enfermedad—y la fiscalía británica, en representación de la justicia estadounidense.
Si los magistrados acceden a la demanda comenzará un nuevo juicio de apelación y, en caso contrario, activarán la entrega a Estados Unidos, aunque ya los letrados anunciaron la solicitud de medidas cautelares para detener el proceso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Durante estos dos días los abogados Edward Fitzgerald y Mark Summers dijeron que el traslado de Assange supondría una violación al tratado británico-estadounidense de extradición, pues los delitos imputados son de carácter político y contra su libertad de expresión.
Ello conllevaría, además, la exposición del acusado a la pena de muerte, e indicaron que no tendría un juicio justo, sobre todo porque el jurado estaría conformado por personas asociadas a la Casa Blanca.
En este sentido, apuntaron que la fiscalía estadounidense piensa solicitar la no aplicación al periodista de las mismas protecciones constitucionales que los ciudadanos de ese territorio, dada su nacionalidad australiana.
Su equipo legal recordó, asimismo, una sentencia del año 2000 en la cual la justicia de Estados Unidos indicó que si una persona denunciaba un caso de corrupción y las autoridades lo llevaban a juicio, ello podría considerarse como un caso de persecución política.
Por su parte, Clair Dobbin, en representación de Washington, demandó la desautorización del recurso y el autorizo de la entrega, bajo el argumento de que los cargos imputados al catalogado como “antiguo hacker” resultan delitos penales basados en pruebas.
Asimismo, señaló que el acusado es requerido por su conspiración con el exsoldado Chelsea Manning, para la obtención ilícita de información militar clasificada y luego difundirla, tras lo cual puso en peligro a “numerosos informantes inocentes de Estados Unidos”.
En 2010 y 2011 el sitio WikiLeaks difundió gran número de archivos hasta ese momento secretos sobre las campañas militares estadounidenses en Iraq y Afganistán, materiales que expusieron decenas de irregularidades, crímenes y excesos contra la población.
Uno de ellos fue el video de un helicóptero de combate estadounidense que disparaba contra civiles en Bagdad y causó la muerte de decenas de civiles, entre ellos, dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
