El Congreso peruano declara la “incapacidad moral permanente” de Dina Boluarte y la destituye mediante un procedimiento exprés, con 122 votos a favor. La mandataria se negó a asistir al hemiciclo para ejercer su derecho a la defensa.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
LIMA.— La frágil estabilidad política de Perú se quebró este viernes con un golpe de martillo legislativo. El Congreso de la República, en una sesión que pareció conjurar los demonios de la inestabilidad crónica, declaró la “incapacidad moral permanente” de la presidenta Dina Boluarte y la separó del cargo mediante un procedimiento exprés, cuando apenas restaban seis meses para las elecciones generales de 2026.
La destitución, fraguada bajo la sombra de cuatro mociones de vacancia presentadas de manera simultánea, se consumó con 122 votos a favor —muy por encima de los 87 requeridos— en un hemiciclo que aguardó en vano la presencia de la mandataria. Boluarte, la primera mujer en asumir la presidencia del país, se rehusó a comparecer para ejercer su derecho a la defensa, tachando el proceso de ilegítimo y carente de garantías.
“En consecuencia, ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República”, anunció con tono solemne el jefe del Legislativo, José Jerí, quien, siguiendo el orden sucesorio previsto en la Constitución, asumió de inmediato la jefatura del Estado ante la ausencia de vicepresidentes.
La caída de Boluarte —quien gobernaba desde finales de 2022, cuando sucedió al izquierdista Pedro Castillo tras su fallido intento de autogolpe— no fue un accidente, sino la culminación de una crisis largamente incubada. Las acusaciones de inacción frente a la creciente inseguridad ciudadana y la expansión del crimen organizado sirvieron como coartada final para una bancada legislativa que, irónicamente, había sido su sostén durante la mayor parte de su mandato.
Desde el palacio de gobierno, sin embargo, la respuesta fue el silencio activo. A través de sus abogados, la ahora expresidenta esgrimió que no convalidaría un proceso que consideró viciado desde su origen. “El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, afirmó en la red social X el letrado Juan Carlos Portugal, acusando al Congreso de haber “renunciado a esta garantía” y consumado “su violación”.
Otro de sus defensores, Joseph Campos, ahondó en el argumento: la falta de acceso al contenido específico de las mociones de vacancia imposibilitaba, a su juicio, una defensa técnica sólida. “No en estas condiciones”, zanjó Portugal, en un mensaje que resonó como epitafio de una gestión que nació de la crisis y murió por la fuerza del voto.
El proyecto de ley de destitución, leído ante el pleno antes de la votación, declaró la “permanente incapacidad moral” de Boluarte para gobernar, activando de inmediato el mecanismo de sucesión que llevó a Jerí —un derechista con amplio respaldo en la cámara— a la primera magistratura de manera interina.
El escenario que se abre a partir de ahora es incierto, país acostumbrado a los vaivenes de su vida política, despide a su quinto mandatario en ocho años. La salida de Boluarte no resuelve, sin embargo, los problemas de fondo: la desconfianza en las instituciones, la fragmentación del poder y la sombra alargada de un Congreso que, una vez más, demostró ser juez y parte en el destino de sus presidentes.
