La nueva fuerza, respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad, multiplica el efectivo previsto y surge del impulso diplomático de Santo Domingo y sus aliados.
Por Julio Guzmán Acosta
SANTO DOMINGO.—El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la transformación de la fallida Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití en una “Fuerza de Supresión de Pandillas” (GSF), una iniciativa que contó con el liderazgo diplomático de la República Dominicana y que despliega hasta 5,500 efectivos policiales y militares para enfrentar la crisis de seguridad en el país vecino.
El presidente Luis Abinader celebró la decisión como un «paso decisivo hacia la estabilidad» de Haití y la región, durante su intervención en la 80ª Asamblea General de la ONU. Abinader destacó que la diplomacia dominicana ha trabajado desde 2021 en la búsqueda de soluciones efectivas y agradeció el respaldo de los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, con quienes firmó una carta dirigida al Consejo de Seguridad.
La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, fue aprobada con 12 votos a favor, las abstenciones de China, Rusia y Pakistán, y ningún voto en contra. China justificó su abstención al argumentar que la misión anterior fracasó parcialmente por incumplimientos de Estados Unidos y la falta de estudios de campo, mientras que Rusia tildó la nueva fuerza de «una aventura peligrosa y mal planificada».
Detalles y Controversias de la Nueva Fuerza
La GSF, que tendrá un mandato inicial de 12 meses, estará dirigida y financiada por expertos de la ONU, mientras que los países participantes aportarán voluntariamente los costos de personal. Esta nueva fuerza reemplaza a la MSS liderada por Kenia, que solo logró desplegar 970 de los 2,500 agentes planificados, con un presupuesto que apenas alcanzó los $115 millones de los $600 millones estimados.
No obstante, el texto de la resolución ha generado inquietud. Organizaciones pro derechos humanos alertan sobre redacciones «enrevesadas y contradictorias», como la que supedita las operaciones a la Policía Nacional de Haití pero también autoriza acciones «independientes» para neutralizar pandillas. Además, preocupa una cláusula que indica que la fuerza actuará «conforme al derecho internacional y los derechos humanos, según proceda», lo que, para sus críticos, podría abrir la puerta a vulneraciones de garantías en una población civil ya devastada.
