Las pasantías del gobierno: ¿Trampolín laboral o mano de obra barata disfrazada?
Por Brendalis Reyes
LA REPÚBLICA | GOBIERNO
El Ministerio de Trabajo despliega su más reciente estrategia contra el fantasma de la informalidad: un programa de pasantías que promete ser el trampolín para los recién egresados universitarios. Bajo el liderazgo del ministro Eddy Olivares, la iniciativa busca responder no solo a las alarmas mediáticas —como las planteadas por UMBRAL.COM.DO— sino también a una realidad cruda: el 58% de los jóvenes dominicanos subempleados tienen estudios superiores, según el Banco Central.
Estamos construyendo el futuro con las manos del presente, declaró Olivares durante el anuncio, enfatizando que estas prácticas profesionalizantes son «el antídoto contra la informalidad que roba pensiones y oportunidades». El mecanismo es claro: el Estado subsidia por tres meses el salario de pasantes en empresas privadas, mientras el programa Inspire conecta a jóvenes de 18 a 35 años con instituciones públicas.
Entre el incentivo y la duda
Aunque la fórmula suena prometedora –RD Trabaja- ha insertado a 1,200 jóvenes desde 2023—, persisten las interrogantes: ¿Qué ocurre tras el período de gracia estatal? «La experiencia ganada es invaluable», argumentó el ministro, pero calló el dato revelador: solo el 30% de los pasantes son contratados de manera permanente, según cifras internas del propio Ministerio.
Mientras Olivares celebra que estos programas evitan «el limbo de la informalidad», expertos laborales advierten riesgos: «Sin normativas estrictas, las pasantías pueden convertirse en mano de obra barata y rotativa», señaló la economista Laura Hernández. El propio Ministerio reconoce que el 40% de las empresas participantes repiten el proceso con nuevos pasantes en lugar de formalizar contratos.
El dilema de la primera oportunidad
El proyecto Inspire añade otra capa al debate: al enfocarse en «el primer empleo», ¿no perpetúa la paradoja de exigir experiencia para conseguir experiencia? «Es un círculo que debemos romper», admitió Olivares, aunque sin detallar cómo garantizarán que estas plazas no se conviertan en puestos temporales eternos.
Mientras el gobierno insiste en que «cada pasante es un profesional en construcción», la carga de la prueba sigue pendiente: en un país donde el 62% de los trabajadores son informales, según la OIT, las buenas intenciones deberán traducirse en contratos firmes, salarios dignos y, sobre todo, en la certeza de que ese «futuro prometido» no termine siendo solo un espejismo más.
