La CNDH denuncia que el Estado viola la Constitución al incautar propiedades de migrantes sin orden judicial y prepara un amparo para frenar lo que califica como «despojo sistemático».
Por Julio Guzmán Acosta
Santo Domingo.— Entre leyes rotas y maletas vacías, la Dirección General de Migración opera un mercado gris de confiscaciones que ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expone con documentos en mano. Manuel María Mercedes Medina, su presidente, desgrana ante la prensa una paradoja jurídica: mientras la Constitución dominicana borró en sus reformas los obstáculos para que extranjeros adquieran propiedades, el Estado arrebata bienes a migrantes detenidos —desde relojes hasta viviendas— sin sentencia que lo avale.
«El Código Civil exige una orden judicial para legitimar estas apropiaciones. Aquí hay un *Estado que actúa como juez y verdugo*», sentencia Mercedes, mientras anuncia un recurso de amparo para paralizar lo que define como saqueo institucionalizado. La advertencia llega con filo: quienes compren en subastas estos bienes «quedarán atrapados en un laberinto legal sin títulos válidos».
El caso revela grietas más profundas. Muchas propiedades incautadas pertenecen a terceros —familiares o socios dominicanos— que, según la CNDH, enfrentan un vacío procesal para reclamarlas. La institución urge crear mecanismos de devolución o custodia temporal, pero la sombra de la ilegalidad ya salpica la imagen internacional del país. Mientras Migración calla, los expedientes de amparo podrían convertir esta batalla en un juicio histórico sobre cuánto pesan, realmente, los derechos humanos en las fronteras.
