El jurista José Dantés Díaz alerta sobre retrocesos ambientales y económicos en modificación a Ley de Residuos Sólidos
Por Virtudes Álvarez Sampedro
En un análisis tan riguroso como alarmante, el destacado jurista y dirigente político José Dantés Díaz ha encendido las luces de advertencia sobre lo que califica como un peligroso paso atrás en la gestión ambiental dominicana. La reforma a la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, actualmente en discusión, estaría desmantelando -según su experta lectura- los pilares fundamentales de un sistema que, aunque imperfecto, había comenzado a trazar rutas hacia la sostenibilidad.
Con prosa precisa pero cargada de urgencia, Dantés desmenuza en un documento analítico cómo la propuesta legislativa erosiona principios esenciales como la economía circular, ese modelo virtuoso donde los desechos se transforman en recursos. Peor aún, señala con preocupación cómo el texto marginaliza a los recicladores de base -esos invisibles héroes urbanos- y frena la descentralización de soluciones tecnológicas, afectando directamente a decenas de Mipymes y cooperativas que habían invertido esperanza y capital en proyectos verdes.
El análisis revela una inquietante concentración de poder: al limitar los rellenos sanitarios a uno por región y reservar la valorización de residuos exclusivamente a sus operadores, la reforma no solo distorsiona el mercado sino que -en palabras del jurista- institucionaliza un monopolio disfrazado de eficiencia. Esta configuración, advierte, podría convertir la gestión de desechos en botín político más que en política de Estado.
Pero la alarma mayor resuena en el capítulo financiero. El fideicomiso público DO Sostenible, creado como mecanismo transparente de financiamiento, quedaría bajo control absoluto del Poder Ejecutivo, sin la participación vigilante de entidades técnicas ni del sector empresarial. Es como entregar las llaves del banco a un solo accionista, compara Dantés, subrayando cómo esto socava los principios de gobernanza que tanto ha costado instalar.
El documento reserva su crítica más severa para la prórroga vergonzante: permitir que los vertederos a cielo abierto -esas heridas abiertas en el paisaje nacional- operando hasta cinco años más, incumpliendo el mandato de clausurarlos para 2023. Esta medida no solo viola compromisos internacionales, sino que pisotea el principio constitucional de no regresión ambiental, ese pacto intergeneracional que obliga a mejorar, nunca a empeorar, las protecciones ecológicas.
Entre líneas técnicas y referencias jurídicas, el llamado final de Dantés Díaz trasciende lo académico para convertirse en grito ciudadano: implora al Congreso Nacional detener esta contrarreforma y abrir un diálogo amplio con sectores técnicos, empresariales y comunitarios. Porque al final, más que artículos legales, lo que está en juego es el tipo de país que heredarán los dominicanos del mañana: uno que avanza hacia la sostenibilidad o uno que retrocede hacia la contaminación concentrada y el beneficio de unos pocos.
En momentos donde el mundo acelera hacia economías verdes, esta advertencia oportuna de Dantés Díaz no solo ilumina los riesgos de una mala reforma, sino que traza un mapa alternativo: el de las decisiones legislativas que verdaderamente honran el concepto de desarrollo sostenible, donde ambiente, economía y justicia social avanzan de la mano. El desafío ahora está en que los oídos del poder sepan escuchar.
