Por Brendalis Reyes
A 18 meses de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un panorama político complejo y lleno de obstáculos para lograr la aprobación de las reformas a la salud, el trabajo y las pensiones, tres de los pilares centrales de su campaña que lo llevaron a la victoria en 2022. Estas iniciativas, que buscan transformar el sistema social y económico del país, se encuentran estancadas o bajo amenaza debido a la oposición de las mayorías de derecha en el Congreso, el poder judicial y los gobiernos provinciales.
Reformas clave en riesgo
La reforma a la salud, una de las promesas más emblemáticas de Petro, está paralizada en la última fase de aprobación en la Cámara de Representantes. Mientras tanto, la reforma laboral enfrenta un escenario adverso en el Senado, controlado por una mayoría de derecha liderada por Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Por su parte, la reforma pensional, que debería entrar en vigencia en julio, está bajo revisión en la Corte Constitucional debido a una moción de procedimiento presentada por la congresista conservadora y candidata presidencial Paloma Valencia.
Estos tres escenarios evidencian el «secuestro tácito» de las instituciones colombianas por parte de sectores conservadores y de derecha, que buscan bloquear las iniciativas del gobierno pese al mandato popular que respaldó a Petro en 2022.
El abroquelamiento de la derecha
Además de la oposición en el Congreso y el poder judicial, el gobierno del Pacto Histórico enfrenta la resistencia de los gobiernos provinciales, donde la derecha tiene una amplia mayoría. En las elecciones regionales de 2023, el bloque petrista solo logró tres gobernaciones, mientras que la centro-derecha y la derecha radical controlan 26 de los 32 departamentos del país.
En este contexto, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, excandidato presidencial del Partido Verde, ha liderado un lobby para acercar a las gobernaciones al gobierno nacional. La designación de Antonio Sanguino, también del Partido Verde, como nuevo ministro de Trabajo, responde a la necesidad de generar acuerdos territoriales y superar la crisis generada por la renuncia de Gloria Inés Ramírez.
Reforma agraria y el Pacto de Chicoral
En un intento por avanzar en su agenda social, el gobierno de Petro impulsó el «Nuevo Pacto de Chicoral» en el departamento de Tolima, un evento que buscó rearticular la reforma agraria en línea con la Ley 160 de 1994. Este encuentro, organizado por el Ministerio de Agricultura y cientos de organizaciones campesinas, revivió el debate sobre el histórico Pacto de Chicoral de 1972, conocido como el «pacto de la contra-reforma agraria», que permitió la concentración de tierras en manos de las élites liberal-conservadoras durante el conflicto armado.
Durante el evento, Petro criticó a las oligarquías y los narcotraficantes por su responsabilidad en la crisis agraria y humanitaria que afecta al país. Además, recordó el papel del expresidente conservador Misael Pastrana en la debacle agraria de los años 70 y la responsabilidad de su hijo, Andrés Pastrana, en la crisis industrial de finales de los 90.
La sombra del narcotráfico y la derecha
En medio de estos desafíos, Petro denunció los vínculos del «zar del contrabando» Diego Marín, alias Papá Pitufo, con el expresidente Andrés Pastrana. Marín, quien habría intentado inyectar dineros del narcotráfico a la campaña del Pacto en 2022, es señalado por Petro como un ejemplo de cómo el contrabando y la corrupción han destruido la industria y la agricultura colombianas.
Por otro lado, la derecha uribista también enfrenta sus propios problemas. Este lunes continuó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno, fraude procesal y soborno de testigos. Si se comprueban los cargos, Uribe podría enfrentar una condena de seis años de prisión, lo que abriría la puerta a investigaciones por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El futuro político de Colombia
Mientras Petro lucha por sacar adelante sus reformas, la derecha colombiana se prepara para las próximas elecciones. Sin embargo, figuras como Vicky Dávila y María Fernanda Cabal han sufrido reveses, como su vinculación con el escándalo de la criptoestafa de Javier Milei y su asesor Axel Kaiser.
En este escenario, el congresista Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay, emerge como una figura estable para el uribismo. Sin embargo, su candidatura también está marcada por el legado de su abuelo, quien, según archivos desclasificados por la DEA, estuvo relacionado con el tráfico de cocaína.
Conclusión
A 18 meses de las elecciones, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un panorama político adverso, con reformas clave estancadas y una oposición que controla gran parte de las instituciones del Estado. Sin embargo, la derecha tampoco puede cantar victoria, ya que sus líderes enfrentan escándalos y procesos judiciales que podrían debilitar su posición.
En este contexto, el futuro de Colombia dependerá de la capacidad del gobierno para superar estos obstáculos y cumplir con las promesas que lo llevaron al poder, mientras la derecha busca rearticularse para recuperar el control del país. El camino hacia 2026 promete ser turbulento, con un escenario político polarizado y lleno de incertidumbre
