Los golpistas tenían entre sus acciones planeadas el asesinato del presidente y vicepresidente electos, Lula da Silva y Geraldo Alckmin.
Por Servicios Umbral.com.do
La Fiscalía General de la República (PGR) de Brasil presentó una denuncia que detalla una compleja trama criminal, liderada por el expresidente Jair Bolsonaro y su círculo más cercano, con el objetivo de derrocar el Estado Democrático de Derecho mediante un golpe de Estado. La investigación, que abarca desde junio de 2021 hasta enero de 2025, revela la existencia de una organización criminal (Orcrim) armada, con más de treinta personas involucradas, incluyendo altos funcionarios del gobierno de Bolsonaro.
Según la denuncia, la Orcrim estaba estructurada en diversos núcleos organizativos, con Bolsonaro como líder y el general Braga Netto, su excompañero de fórmula electoral, como segundo al mando. El núcleo principal incluía a seis figuras clave: el jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), Alexandre Ramagen; el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno; el exministro de Justicia, Anderson Torres; el excomandante de la Marina, Almir Garnier; el exministro de Defensa, Paulo Sergio de Oliveira; y el teniente coronel Mauro Cesar Cid, asistente personal de Bolsonaro.
La PGR sostiene que esta organización utilizó una red coordinada de discursos públicos, redes sociales y medios afines para difundir tres narrativas falsas: la manipulación de las urnas electrónicas, la parcialidad del Tribunal Superior Electoral a favor del candidato Lula da Silva, y el estímulo a la insurgencia violenta para justificar una intervención militar. Estas acciones buscaban mantener a Bolsonaro en el poder de manera ilegítima, incluso después de su derrota electoral.
Plan criminal y uso de instituciones del Estado
La investigación revela que la Orcrim planeó acciones extremas, incluyendo el asesinato del presidente electo Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin, y el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Según la PGR, agentes estatales actuaron ilegalmente para espiar y planificar emboscadas contra estas figuras, incluyendo un intento de secuestro y asesinato de Moraes.
Además, la organización utilizó instituciones del Estado, como la ABIN y la Policía Federal de Carreteras (PRF), para llevar a cabo operativos que dificultaran el voto en regiones donde Lula tenía mayor apoyo. Esto incluyó bloqueos en carreteras durante la segunda vuelta electoral de 2022, con el objetivo de revertir los resultados a favor de Bolsonaro.
Evidencias contundentes y juicio público
La denuncia está respaldada por una amplia cantidad de pruebas, incluyendo mensajes intercambiados entre los acusados, minutas de reuniones golpistas, y planes detallados de acciones criminales. Entre estos, destaca el llamado «Plan Puñal Verde y Amarillo», que contemplaba el asesinato de Lula, Alckmin y Moraes.
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, dio curso a la denuncia y otorgó un plazo de 15 días para que los acusados presenten sus defensas. El juicio, que será transmitido por el canal de TV Justicia, promete ser un hito en la historia democrática de Brasil, exponiendo lo que la PGR describe como «el capítulo más oscuro» desde el fin de la dictadura militar.
Impacto político y fragmentación de la extrema derecha
El inicio del juicio contra Bolsonaro y sus cómplices tendrá un impacto significativo en la política brasileña. Se espera que la extrema derecha, representada por el bolsonarismo, se fragmente aún más, con disputas internas por el liderazgo del movimiento. Figuras como Eduardo Bolsonaro, Michelle Bolsonaro y el gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, podrían emerger como posibles sucesores, mientras que otros sectores de la derecha podrían distanciarse del expresidente.
Para el gobierno de Lula, este proceso podría representar una oportunidad para reorganizar su gabinete y recuperar la iniciativa política, tras una caída en las encuestas de aprobación. Además, el «Centrão», bloque de partidos pragmáticos que suele negociar su apoyo al gobierno, podría aprovechar la debilidad de Bolsonaro para aumentar su influencia.
Un llamado a la justicia y la reparación democrática
La denuncia de la PGR no solo busca llevar a los responsables ante la justicia, sino también restaurar la confianza en las instituciones democráticas brasileñas. Este proceso, marcado por la discreción y el rigor técnico, contrasta con los excesos de operaciones anteriores como la Lava Jato, y busca sentar un precedente para que nunca más se atente contra el orden democrático en Brasil.
Con el juicio de Bolsonaro y sus aliados, Brasil enfrenta un momento crucial en su historia reciente, donde la verdad, la memoria y la justicia podrían prevalecer sobre las sombras de un pasado golpista.
