Comunitarios denuncian tácticas dilatorias y convocan asamblea mientras el proceso, abierto desde 2016 y recientemente revisado por la Suprema Corte, se pospone hasta el 26 de mayo por fallecimiento de familiar de representante legal de Tech Logic
Por Redacción Servicios Umbral.com.do
Santo Domingo. – El proceso judicial por la presunta venta irregular de terrenos estatales en el sector Los Tres Brazos sufrió un nuevo aplazamiento este miércoles, cuando el tribunal accedió a suspender la audiencia programada tras el fallecimiento de un familiar de Jorge Julio, abogado de la empresa Tech Logic, una de las partes demandadas.
La decisión, adoptada tras deliberación de los magistrados y sin oposición de las partes involucradas, fijó como nueva fecha para el conocimiento del caso el próximo 26 de mayo. Así lo informó la abogada Juana Magalis Leisón García, quien detalló que el letrado ausente envió a un sustituto para solicitar formalmente el aplazamiento.
“Después de deliberar los magistrados, las partes no tuvimos oposición a esos fines y quedó la audiencia fijada para el 26 de mayo”, expresó la jurista.
Sin embargo, la suspensión encendió las alarmas entre los moradores y dirigentes comunitarios de Los Tres Brazos, quienes han mantenido una lucha constante por la recuperación de los predios presuntamente sustraídos ilegalmente del patrimonio público. Fernando Morillo, uno de los voceros del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, calificó el gesto como un “acto humanitario”, pero no ocultó su preocupación ante lo que percibe como una reiterada estrategia para entorpecer el curso de la justicia.
“Manifestamos preocupación por lo que consideramos una práctica recurrente de dilatar el proceso judicial”, señaló Morillo, al tiempo que anunció la convocatoria a una asamblea vecinal para definir las próximas acciones que tomará la comunidad ante los continuos retrocesos en el calendario procesal.
El dirigente fue más allá al calificar la situación como una afrenta directa a la comunidad: “Es una burla al barrio obrero Coronel Francisco Alberto Caamaño, antiguo Los Tres Brazos”, sentenció.
Por su parte, Milcíades Gerardo, también integrante y vocero del Comité de Lucha, enfatizó que, aunque comprenden la situación humana que motivó el aplazamiento, no pueden dejar de señalar lo que a su juicio es una maniobra recurrente. “Nosotros entendemos la situación humana, pero no podemos dejar de señalar que estos aplazamientos constantes lo que buscan es que el caso prescriba o que la comunidad se canse”, advirtió Gerardo, quien aseguró que los comunitarios continuarán exigiendo justicia y reclamando que los terrenos sean devueltos al Estado dominicano.
Un calvario judicial que data de 2016
El expediente por la presunta venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos se mantiene abierto desde hace nueve años y ha estado marcado por múltiples recursos y aplazamientos que han puesto a prueba la paciencia de los afectados.
El 22 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia anuló una decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que había rechazado declarar extinguida la acción penal en el caso. La alta corte ordenó que una nueva sala conozca nuevamente los recursos de apelación presentados por los acusados, al considerar que los tribunales deben garantizar transparencia, motivación suficiente y respeto al debido proceso.
La sentencia recurrida había declarado extinguida la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso a favor de varios imputados vinculados al expediente, un revés que los comunitarios lograron revertir parcialmente tras acudir a la instancia suprema.
Ahora, con este nuevo aplazamiento por razones de luto, el caso que ha concitado la atención de defensores de tierras y organizaciones sociales permanece en una suerte de compás de espera que los denunciantes atribuyen a maniobras legales que buscan desgastar la capacidad de respuesta de los afectados. La próxima cita, fijada para el 26 de mayo, se perfila como un nuevo termómetro de la voluntad judicial para desatar el nudo procesal que mantiene en vilo a todo un barrio obrero de la capital dominicana.
