La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana aseguró que unas 4,500 personas han muerto entre 2018 y 2025 en hechos reportados como “intercambios de disparos” con agentes del orden. La organización sostiene que los casos reflejan un patrón que exige investigaciones independientes y una transformación estructural de la Policía Nacional.
CNDH denuncia 4,500 muertes en operativos policiales desde 2018 y reclama una reforma profunda
Por Julio Guzmán Acosta
SANTO DOMINGO. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD) denunció que alrededor de 4,500 dominicanos fallecieron entre los años 2018 y 2025 en operativos policiales reportados oficialmente como “intercambios de disparos”, una cifra que, según la entidad, evidencia la persistencia de un patrón de presuntas ejecuciones extrajudiciales que demanda una respuesta firme de las instituciones del Estado.
La información fue ofrecida por el presidente de la organización, Manuel María Mercedes, durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, donde afirmó que únicamente durante 2025 se contabilizaron 189 muertes bajo esas circunstancias y advirtió que una proporción significativa de las víctimas tenía edades comprendidas entre los 18 y los 35 años.
Para la CNDH-RD, la reiteración de estos hechos obliga a fortalecer los mecanismos de investigación independiente, garantizar sanciones cuando correspondan y revisar de manera integral los protocolos sobre el uso de la fuerza por parte de los organismos encargados del orden público.
Cuestiona el alcance de la reforma policial
Mercedes, quien participó en la elaboración de uno de los documentos base para la reforma de la Policía Nacional, manifestó que el proceso continúa enfrentando obstáculos que impiden una transformación institucional efectiva.
A su juicio, persisten tres problemas fundamentales: la insuficiente depuración interna de los cuerpos policiales, las limitaciones en la formación de los agentes para actuar conforme a los principios de un Estado social y democrático de derecho y la permanencia de espacios de impunidad frente a denuncias de violencia policial.
El defensor de los derechos humanos reconoció que se han producido avances en aspectos laborales y administrativos dentro de la institución. Sin embargo, sostuvo que esas medidas no han logrado corregir los problemas estructurales que, según afirmó, continúan afectando el desempeño policial.
En ese contexto, señaló que aún existen “islas de poder” dentro de dependencias especializadas, entre ellas la Dirección Central de Investigación (Dicrim), cuya actuación —afirmó— requiere mayores niveles de supervisión, control institucional y rendición de cuentas.
Denuncias sobre presuntas torturas y muertes bajo custodia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también expresó preocupación por denuncias relacionadas con personas que, presuntamente, fallecieron después de haber sido arrestadas por las autoridades.
Según Mercedes, la organización ha recibido reportes sobre supuestas prácticas de tortura durante procesos de interrogatorio, entre ellas la asfixia con fundas plásticas para obtener declaraciones, además de denuncias sobre aparentes irregularidades vinculadas con fugas de personas privadas de libertad.
El dirigente precisó que estos señalamientos deben ser objeto de investigaciones imparciales por parte de las autoridades competentes, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales.
Llamado a fortalecer las garantías judiciales
Durante la entrevista, Mercedes sostuvo que toda muerte atribuida a agentes estatales debe analizarse bajo los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, debido a la responsabilidad especial que tiene el Estado de proteger la vida y garantizar el debido proceso.
En ese sentido, insistió en que cada caso debe ser investigado individualmente, con acceso a pruebas, peritajes técnicos y supervisión judicial independiente que permita establecer responsabilidades cuando corresponda.
Asimismo, cuestionó la situación de numerosas personas privadas de libertad que, según afirmó, permanecen durante meses sin ser presentadas ante un juez dentro del plazo constitucional de 48 horas, situación que —aseguró— contribuye al hacinamiento penitenciario y dificulta la protección de derechos fundamentales.
Caso Darlin Mercado vuelve al debate
Como ejemplo de la preocupación expresada por la organización, Mercedes citó el caso de Darlin Mercado Reyes, el joven de 19 años fallecido durante una intervención policial en el sector Herrera, hecho que provocó manifestaciones de familiares, residentes y organizaciones defensoras de derechos humanos que exigen el esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió la muerte.
La CNDH-RD reiteró que la consolidación de una auténtica reforma policial pasa no solo por cambios administrativos, sino también por el fortalecimiento de la transparencia institucional, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales como pilares esenciales del Estado democrático de derecho.
