Moradores del populoso sector de Santo Domingo Este denuncian apagones prolongados, contaminación ambiental, falta de titulación de terrenos, deterioro vial y abandono de obras esenciales. Las organizaciones comunitarias advierten que la desatención estatal agrava la pobreza, favorece la delincuencia y pone en riesgo la salud de miles de familias.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
Santo Domingo Este. Con una caminata cargada de consignas y reclamos, decenas de organizaciones comunitarias del sector Francisco Alberto Caamaño, conocido popularmente como Los Tres Brazos, salieron este domingo a las calles para denunciar lo que califican como un prolongado estado de abandono por parte del Gobierno central y las autoridades municipales.
En un documento suscrito por juntas de vecinos, organizaciones populares, entidades religiosas y de derechos humanos, los comunitarios reclamaron soluciones inmediatas a una larga lista de problemas que, aseguran, deterioran la calidad de vida de los residentes y limitan las oportunidades de desarrollo de una de las comunidades más pobladas de Santo Domingo Este.
Entre las principales demandas figura la titulación definitiva de los terrenos, considerada una aspiración histórica de miles de familias que aún viven bajo la incertidumbre jurídica respecto a sus propiedades.
Los manifestantes también denunciaron los frecuentes apagones eléctricos, que, según afirman, se prolongan entre ocho y nueve horas diarias, así como el elevado costo de la energía, situación que describieron como insostenible para hogares ya golpeados por el alto costo de la vida.
Otro de los puntos centrales de la protesta fue la contaminación generada por la planta de tratamiento de aguas residuales administrada por la CAASD, la cual —aseguran— permanece averiada desde hace varios años. Las aguas estancadas, sostienen, se han convertido en un foco permanente de proliferación de enfermedades como dengue, malaria y afecciones respiratorias, afectando especialmente a niños y adultos mayores.
Los dirigentes comunitarios responsabilizaron a las autoridades de mantener una actitud indiferente frente a un problema sanitario que consideran de extrema gravedad y que, a su juicio, requiere una intervención inmediata.
La educación también ocupó un lugar destacado entre las reivindicaciones. Los residentes exigieron la terminación del Liceo Guillermina Uribe, cuya construcción permanece inconclusa mientras más de quinientos estudiantes reciben docencia en un local alquilado que, según denunciaron, carece de ventilación adecuada y reúne condiciones incompatibles con un proceso educativo digno.
Durante la manifestación, las organizaciones solicitaron además al presidente Luis Abinader la instalación de una oficina gubernamental permanente en el sector que permita atender las necesidades de la comunidad y agilizar el proceso de levantamiento para la titulación de viviendas.
En el ámbito social, los comunitarios insistieron en la construcción de una Casa de la Cultura, convencidos de que la ausencia de espacios para la formación artística y cultural deja a cientos de jóvenes expuestos a la delincuencia y otros factores de riesgo social.
La plataforma comunitaria también reclamó la instalación de reductores de velocidad en la avenida Presidente Hugo Chávez, la reparación de la cloaca principal, la construcción de aceras y contenes, así como el asfaltado de las calles del sector, obras que consideran indispensables para garantizar condiciones mínimas de seguridad y movilidad.
Al concluir la jornada, los representantes de las organizaciones reiteraron que continuarán desarrollando acciones pacíficas hasta obtener respuestas concretas de las autoridades, al considerar que Los Tres Brazos no puede seguir siendo una comunidad relegada mientras se multiplican las necesidades y se profundiza el deterioro de sus servicios básicos.
El documento fue respaldado por el Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, juntas de vecinos, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH) y diversas organizaciones comunitarias, religiosas y de derechos humanos del municipio Santo Domingo Este, que coincidieron en reclamar una intervención integral del Estado para devolver dignidad y oportunidades a esa histórica comunidad.
