La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en la operación Camaleón.
Por Servicios umbral.com.do
Santo Domingo. – Con unas medidas cautelares ejemplarizantes para los principales implicados del caso que ha sacudido a la opinión pública del país, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para tres de los imputados en la Operación Camaleón: Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi, y Pedro Vinicio Padovani Báez. Esta decisión refleja el impacto de los hechos imputados y la magnitud de los delitos que se les acusan, todo en el contexto de un presunto esquema de corrupción que implica serios fraudes al Estado a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el periodo en que estaba al frente de la institución el hoy acusado Hugo Beras.
La jueza Veloz también dictó medidas cautelares para otros implicados. Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, enfrentará arresto domiciliario e impedimento de salida del país, mientras que Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho, deberá cumplir con una garantía económica de dos millones de pesos. Asimismo, otros dos acusados, Juan Francisco Álvarez y Carlos Peguero, también tendrán que presentar una garantía económica, aunque no se especificó el monto.
Los principales acusados, Jochi Gómez y Hugo Beras, están al centro del escándalo derivado de un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, firmado entre la empresa Transcore Latam S.R.L. y el Intrant. La acusación formal que enfrenta este grupo incluye serios delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación y lavado de activos, entre otros.
En su defensa pública, Hugo Beras argumentó que además de sus acciones, otros organismos de control como la Contraloría General de la República también han fallado en sus deberes, insinuando que la culpabilidad no recae exclusivamente en él y su grupo. Sin embargo, las pruebas presentadas por el Ministerio Público no dan lugar a dudas de que Gómez fue uno de los principales beneficiarios económicos del presunto fraude, desviando fondos que debían ser utilizados para el tráfico y la seguridad vial en el país.Operación Camaleón: La caza de una estructura criminal en una administración pública dominicana
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indicó que, conforme avancen las investigaciones, podrían surgir nuevas imputaciones y otros acusados en el proceso. El caso de la Operación Camaleón ha ganado notoriedad no solo por los montos involucrados, sino también por la cantidad de actores principales que han sido tocados.
La Operación Camaleón, considerada una de las más exitosas contra el crimen organizado en la República Dominicana, se materializó a través de una serie de allanamientos que abarcó residencias y empresas en distintos puntos del país, incluyendo el Distrito Nacional y Punta Cana. Aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado participaron en estos operativos, que resultaron en la ocupación de cientos de evidencias que han sido claves para respaldar las imputaciones realizadas.
La República Dominicana observa con atención el desarrollo de este caso. A medida que se desentrañan los entresijos de esta red de corrupción, las reacciones varían entre la indignación pública por los actos ilícitos y la expectativa de que la justicia prevalezca frente a la impunidad.
Las próximas semanas estarán marcadas por las repercusiones de estas decisiones judiciales, y el eco de la justicia frente a la corrupción indica que se va por buen camino en la lucha contra ese mal endémico que es la corrupción en el país, donde muchos ciudadanos siguen esperando respuestas y reparaciones por parte del gobierno y las instituciones involucradas.
