La magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra el exdirector del Intrant y una decena de acusados, además de varias empresas, por la presunta adjudicación fraudulenta del contrato para modernizar los semáforos del Gran Santo Domingo. El Ministerio Público los señala por delitos que incluyen lavado de activos, estafa al Estado, sabotaje tecnológico y terrorismo.
Por: Thiago N. Guzmán
Santo Domingo, D.N. –El tribunal que encabeza la jueza Yanibet Rivas decidió elevar a juicio de fondo el expediente del denominado caso Camaleón, una trama de corrupción que, según las investigaciones, desvió millonarios recursos públicos destinados a la modernización del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Entre los procesados que deberán sentarse en el banquillo de los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), señalado como el presunto cerebro de la red; así como exfuncionarios y empresarios vinculados a una docena de compañías que, de acuerdo con el expediente acusatorio, operaron como fachada para extraer fondos del Estado, espiar infraestructuras críticas y manipular tecnológicamente los semáforos de la capital.
La magistrada Rivas sustentó su decisión en el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, que demostraron, a su juicio, la existencia de indicios razonables sobre los ilícitos imputados. “Los elementos de convicción aportados por la acusación son suficientes para presumir que los encartados pudieron haber cometido los hechos que se les atribuyen, por lo que corresponde su juzgamiento en un tribunal de fondo”, estableció la jueza en su resolución.
Un entramado de contratos irregulares y empresas pantalla
Según la tesis fiscal, el corazón del entramado corrupto giraba en torno a la empresa Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., mediante las cuales se habrían otorgado accesos privilegiados a contratos públicos sin que dichas compañías demostraran capacidad técnica o financiera para ejecutarlos. La investigación determinó que, a través de convenios irregulares, se desviaron fondos del Intrant y se operó un esquema de lavado de activos que vulneró los principios de transparencia y legalidad administrativa.
José Ángel Gómez Canaán aparece como el eje central de la presunta organización criminal. De acuerdo con el expediente, este hombre mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con todas las empresas implicadas, y bajo su dirección se habría consolidado una estructura dedicada a la estafa contra el Estado, el sabotaje tecnológico y el control ilegítimo de infraestructuras críticas.
Medidas de coerción y caso complejo
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso como complejo y dictó medidas de coerción contra Hugo Beras, Gómez Canaán y otros siete imputados. Ahora, con la apertura a juicio, se abre la fase contradictoria donde defensa y acusación debatirán ante un tribunal colegiado la responsabilidad penal de cada uno.
Además de los dos principales implicados, irán a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.
En el plano corporativo, deberán comparecer como personas jurídicas acusadas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Delitos graves: desde sabotaje hasta terrorismo
El Ministerio Público imputa a los acusados una batería de delitos que incluye coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes contra la nación, actos de terrorismo y delitos de alta tecnología, todos contemplados en el ordenamiento jurídico dominicano.
El caso, que ha conmocionado a la opinión pública por la magnitud de los recursos involucrados y la presunta afectación a un servicio crítico como los semáforos de la capital, promete ser uno de los juicios por corrupción más complejos y seguidos de los últimos años en la República Dominicana. La fecha para el inicio del debate oral y público aún no ha sido fijada por el tribunal competente.
