27 abatidos en mayo. En lo que va de año, 108 ciudadanos caen bajo fuego policial. Las cifras no solo duelen: repiten un patrón que el Estado no ha sido capaz de desmontar.
Mayo de 2026 ha dejado una estela de sangre que difícilmente puede atribuirse solo a la delincuencia. La propia estadística oficial revela que la Policía Nacional ejecutó en ese mes la misma cantidad de personas que en mayo de 2025. Ni un año de promesas, ni un año de depuraciones anunciadas, ni un año de discursos sobre derechos humanos han logrado modificar un mecanismo que se repite con escalofriante regularidad: ciudadanos abatidos en supuestos “intercambios de disparos” de los que nadie —nunca nadie— escucha los disparos del otro lado.
Esa ausencia de balazos enemigos es la primera grieta del relato oficial. La segunda es la complicidad tácita de autoridades gubernamentales y judiciales que, una y otra vez, asumen como cierta la versión policial sin exigir peritajes independientes, sin practicar autopsias forenses con perspectiva de derechos humanos, sin interrogar a testigos que no pertenezcan a la uniformada.
En la práctica, se ha instalado una metodología letal: matar y declarar después que hubo enfrentamiento. Así se silencian testigos incómodos. Así se ejecutan ajustes de cuentas. Así se elimina a cómplices que podrían señalar a agentes involucrados en narcotráfico u otros delitos. El código es simple y funciona porque nadie lo interrumpe.
Pero no todo es responsabilidad exclusiva de quienes aprietan el gatillo. Hay una cadena de permisividad que comienza en la falta de control interno y termina en la pasividad de fiscales, jueces y superiores jerárquicos. Cuando un agente sabe que su versión será aceptada sin contrastación rigurosa, el mensaje que recibe es claro: matar, dentro de ciertos límites, no tiene costo.
Esa lógica debe romperse.
Umbral sostiene, con la claridad que exige el momento, que la Policía Nacional no es un cuerpo ejecutor. Su deber es detener, no ejecutar. Su obligación es poner a los presuntos delincuentes a disposición de los tribunales, no abatirlos en callejones sin testigos ni registros creíbles. La justicia penal corresponde a los jueces, no a los agentes en patrullaje.
El problema no es nuevo, pero la paciencia de la ciudadanía se agota. Ciento ocho abatidos en cinco meses es una cifra de guerra, no de seguridad ciudadana. Y la repetición mecánica de las mismas excusas institucionales es, a estas alturas, una forma de complicidad.
Basta ya de los asesinatos sumarios de la Policía. Basta ya de versiones oficiales que nunca se confrontan con la realidad. Las autoridades que aún no han puesto freno a esta sangría tienen en sus manos la posibilidad de ordenar investigaciones independientes, de exigir protocolos de uso de la fuerza ajustados a derecho y de enviar a la justicia ordinaria a todo agente que convierta su placa en una patente de matar.
El país merece policías que protejan vidas, no que las cuenten como trofeos. Y las víctimas —los 108 caídos— merecen algo más que una estadística. Merecen que un día ese número sea cero.
