Fujimorismo y antifujimorismo se enfrentan por cuarta vez consecutiva en un ambiente de desencanto ciudadano, denuncias sin pruebas, escrutinio lento, voto nulo como protesta y la sombra de dos golpes de Estado que aún pesan sobre la democracia peruana
Por Arturo Feliu G.
Lima, 2 jun (EFE).- Perú vuelve a partirse en dos. La tierra de los incas, que en la última década ha visto desfilar ocho presidentes por la casa de Pizarro, se prepara para una nueva segunda vuelta electoral donde la fractura política no es una metáfora sino un diagnóstico clínico. Keiko Fujimori, la heredera del controvertido Alberto Fujimori, se enfrentará el próximo 7 de junio al izquierdista Roberto Sánchez, el hombre que porta el sombrero del encarcelado Pedro Castillo como si fuera un estandarte. Detrás de ellos, un país exhausto, un sistema electoral rengo y una ciudadanía que duda hasta el último instante si acudir a las urnas o anular su voto en señal de repudio.
El eterno pulso del fujimorismo y su sombra invertida
Por cuarta vez consecutiva, Keiko Fujimori alcanza el balotaje. Y por cuarta vez, la contienda se reduce al mismo duelo ancestral: los que apoyan el legado del padre —el presidente que cerró el Congreso en 1992 y luego huyó a Japón envuelto en escándalos de corrupción— y los que lo rechazan con la visceralidad de quien ha visto su país humillado. El antifujimorismo ganó las tres batallas anteriores: con Ollanta Humala en 2011, con Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y con el propio Castillo en 2021. La pregunta que sobrevuela Lima estos días es si la cuarta será la vencida para la hija del exmandatario, o si la historia repetirá su cátedra.
El sombrero de Castillo y la sombra de dos golpes
Hay algo que queda claro en esta campaña. Como en 2021, Keiko se enfrenta al abanderado de la izquierda rural y andina. Pero Sánchez no es Castillo: es un profesor y dirigente magisterial que ha convertido el sombrero del expresidente encarcelado en un símbolo de resistencia. «Fue vilipendiado por el fujimorismo en el Congreso», repite Sánchez en sus mítines, mientras sus críticos le recuerdan que Castillo murió políticamente tras intentar un golpe de Estado fallido en diciembre de 2022.
Ambos candidatos arrastran, además, el peso de dos golpes separados por tres décadas. El «autogolpe» de Alberto Fujimori en 1992 le permitió al patriarca disolver el Congreso y gobernar con mano de hierro. El intento de Castillo en 2022, en cambio, precipitó su caída y su encarcelamiento. Uno consolidó un poder dinástico; el otro enterró un experimento populista. Ambos, paradoja del destino, acabaron en prisión.
El lento calvario del escrutinio y los indecisos que deciden
Los peruanos saben que su voto puede no ser conocido hasta semanas después de la elección. Las dos últimas presidenciales se decidieron por apenas 40.000 votos de diferencia, un margen minúsculo que expuso las fragilidades de la logística electoral: las actas deben viajar desde comunidades perdidas en la Amazonía o en los picos de los Andes, y luego sortear un sistema burocrático de impugnaciones que convierte el recuento en una agonía de plazos e incertidumbres.
Esa lentitud alimenta el desencanto. Y el desencanto, a su vez, alimenta a los indecisos. Son millones los peruanos que no confían en ninguna de las dos opciones y que decidirán en las últimas horas —quizá en la misma fila frente al local de votación— si marcar un nombre o rayar la cédula. La campaña por el voto nulo, liderada por los excandidatos de centro Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello, ha ganado tracción en las redes sociales y en las conversaciones de café. Votar en blanco o anular la papeleta se ha convertido, para una parte no menor del electorado, en el único gesto de dignidad posible.
Las sombras de Antauro y el fantasma del fraude
Pero no todo es apatía. La campaña también ha sido un hervidero de suspicacias. Rafael López Aliaga, el ultraderechista que se quedó fuera de la segunda vuelta por unos 21.000 votos, denunció sin pruebas un fraude generalizado en la primera vuelta, centrándose en los problemas logísticos que retrasaron la apertura de mesas en Lima. Keiko Fujimori, que en 2021 intentó revertir los resultados con acusaciones similares, ha anticipado que volverá a hacerlo si pierde por cuarta vez. «No nos la vuelven a hacer», ha repetido en sus mítines, mientras su partido recluta a 100.000 observadores para vigilar cada colegio electoral.
En la otra vereda, Sánchez carga con la alianza que tejió con Antauro Humala, un ultranacionalista que pasó 17 años en prisión por liderar el Andahuaylazo, una sublevación militar en 2005 que dejó cinco policías muertos. Antauro, hermano del expresidente Ollanta Humala, es hoy el padrino incómodo de la campaña de Sánchez, y sus adversarios no han dudado en recordarlo cada vez que pueden.
La inseguridad, ese monstruo silencioso
Mientras los políticos se acusan de golpistas, corruptos o autoritarios, los peruanos comunes viven presos de un miedo más cotidiano y acaso más cruel: la inseguridad ciudadana. Las extorsiones, los asesinatos por encargo y el crimen organizado han escalado hasta convertirse en la principal preocupación de la población, muy por encima de la corrupción o la crisis económica. En los barrios populares de Lima, en las provincias mineras y en los puertos del norte, la gente no pregunta tanto por el sombrero de Castillo o por los observadores de Fujimori; pregunta si podrá salir a la calle sin que le exijan una «vacuna» (como llaman a la extorsión) o si el nuevo presidente tendrá los tanques y los policías suficientes para frenar la sangría.
El péndulo del miedo, en suma, vuelve a oscilar sobre Perú. El 7 de junio, los ciudadanos decidirán si inclinan la balanza hacia la derecha autoritaria de los Fujimori o hacia la izquierda desordenada y andina de Sánchez. Pero hay una tercera opción, silenciosa y desgarradora: la de quienes, hastiados, simplemente deciden no elegir. Esa, quizá, sea la clave más elocuente de una democracia que, después de una década con ocho presidentes, ya no sabe bien a quién temerle más: si a los candidatos o a sí misma.
