La ministra de Interior y Policía revela que el coronel Carlos J. Signey Kely, uno de los agentes suspendidos por el presunto robo durante un proceso investigativo, había sido trasladado a esa demarcación en noviembre de 2025, precisamente para atender denuncias de asaltos y ratería. La funcionaria asegura que la investigación surgió desde dentro de la propia institución y que su divulgación pública evidencia el compromiso con la transparencia.
Por: Brendalis Reyes
Santo Domingo, R.D. — La ética policial volvió a ser puesta en el centro del debate público este miércoles, cuando la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció nuevos y reveladores detalles sobre el presunto robo cometido por agentes de la Policía Nacional en la provincia de San Cristóbal. Lo que podría haber quedado como un hecho aislado en las páginas judiciales adquiere ahora ribetes de paradoja institucional: uno de los uniformados implicados había sido enviado a esa demarcación precisamente para combatir la delincuencia que hoy se le imputa.
Se trata del coronel Carlos J. Signey Kely, quien, según explicó Raful durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», fue asignado a la dotación policial de San Cristóbal en noviembre del año 2025. Su traslado, junto a otros agentes, respondía a las denuncias permanentes de comerciantes y empresarios de la zona, quienes alertaban sobre la ocurrencia de asaltos y actos de ratería que mantenían en zozobra a la comunidad.
«La paradoja de la vocación», podría titularse el capítulo que ahora escribe el expediente. Porque el mismo uniformado que debía velar por la seguridad ciudadana se encuentra suspendido, junto a un capitán y varios alistados, por la presunta sustracción de una suma de dinero aún no determinada durante un proceso investigativo realizado en la provincia sureña.
La investigación que nace desde adentro
Faride Raful fue enfática al señalar que el caso no fue descubierto por denuncias externas ni filtraciones periodísticas, sino que surgió en el seno mismo de la Policía Nacional. «Inmediatamente hay una vinculación de un agente que compromete algún tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, no importa cuál sea el caso, tiene que someterse al Ministerio Público», afirmó la funcionaria, subrayando que ese proceder constituye la línea de actuación que han mantenido.
La ministra evitó precisar la procedencia anterior del coronel Signey Kely —»No recuerdo de dónde fue trasladado, pero en noviembre llegó», expresó—, aunque dejó claro que el tiempo de permanencia en un cargo no es garantía de rectitud ni coartada para la sospecha. Con una reflexión que bien podría inscribirse en los manuales de ética policial, Raful sentenció: «No importa el tiempo que una persona tenga en un cargo, porque si tiene vocación de cometer acciones no legales, lo puede hacer en un mes o incluso en un solo día».
Transparencia como política y como escudo
La decisión de la institución del orden de hacer público este caso, lejos de ser vista como un signo de debilidad, fue presentada por la ministra como una evidencia del compromiso gubernamental con la transparencia. En un país donde históricamente los cuerpos policiales han tendido al hermetismo y la autocobertura, el gesto de airear las propias miserias institucionales adquiere un valor que trasciende lo anecdótico.
«Estamos actuando con transparencia», afirmó Raful, en un mensaje dirigido tanto a la ciudadanía como a los propios miembros de la institución. Porque si algo revela este caso es que la reforma policial, ese proceso largamente anunciado y lentamente ejecutado, enfrenta su prueba de fuego en la capacidad de autodepuración.
La reforma como transformación cultural
Consultada sobre los avances de la reforma policial, la también exlegisladora introdujo una perspectiva que suele olvidarse en los debates técnicos: la dimensión cultural. «Los procesos de transformación llevan tiempo, porque se trata de una transformación cultural que debe realizarse no solo dentro de la institución, sino también en la ciudadanía», precisó.
Raful abogó por generar una sinergia entre la población, los agentes policiales como autoridad que garantiza el orden público y el Ministerio de Interior y Policía como entidad rectora. «Es necesario aprender a generar esa sinergia», insistió, en un llamado implícito a superar la desconfianza mutua que tradicionalmente ha caracterizado la relación entre civiles y uniformados.
El caso de San Cristóbal, con sus ribetes de traición a la confianza depositada, se convierte así en un espejo incómodo pero necesario. Porque si la vocación de servicio puede torcerse en un mes o en un solo día, la única garantía de rectitud es una institucionalidad capaz de investigarse a sí misma y de exponer sus propias fallas ante la luz pública. La pregunta que flota en el aire, mientras el Ministerio Público profundiza las indagatorias, es si esta transparencia recién estrenada logrará transformarse en política permanente o quedará en un brillo pasajero en medio de la tormenta.
