El Informe Anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revela 205 presuntas ejecuciones extrajudiciales, más de 379 mil deportaciones sin debido proceso y un sistema penitenciario colapsado al 150% de su capacidad. «Sin justicia no hay democracia», advierten.
Por Julio Guzmán Acosta
Santo Domingo. Hay números que duelen antes de ser leídos. Y hay realidades que, por crudas, suelen esconderse tras las grandes cifras macroeconómicas o los discursos de progreso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) acaba de rasgar el velo del año que terminó y ha puesto sobre la mesa un documento incómodo, de esos que obligan a la nación a mirarse al espejo sin filtros.
Su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos 2025, construido a partir del testimonio directo de 450 personas y el monitoreo territorial en diversas provincias, dibuja un país donde la vida, en sus márgenes más frágiles, parece haber perdido peso frente al poder del Estado.
Lo primero que salta de sus páginas tiene olor a pólvora y lágrimas. La CNDH-RD registró aproximadamente 205 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado. Detrás de esa cifra fría hay un patrón que la organización denuncia sin ambages: el recurrente uso del «intercambio de disparos» como justificación oficial para muertes ocurridas a manos de agentes del orden. Las víctimas, casi siempre, responden a un perfil inconfundible: jóvenes de entre 18 y 35 años, habitantes de los barrios más empobrecidos del país. El informe sugiere que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica enquistada en ciertos protocolos de actuación estatal.
Pero la noche de la dignidad, según el informe, tiene muchas habitaciones. En una de ellas resuenan los pasos de más de 379,553 personas deportadas a lo largo del año. La Comisión denuncia que estas expulsiones se ejecutaron, en su mayoría, al margen del debido proceso, con un preocupante sesgo de perfilamiento racial que golpea con especial saña a ciudadanos haitianos y a dominicanos de ascendencia haitiana. El documento guarda espacio para un detalle que hiela la sangre: mujeres embarazadas detenidas en centros hospitalarios y familias desmembradas por la furia administrativa de la frontera.
En las celdas del país, el infierno también tiene su propio censo. La CNDH-RD revela que el sistema penitenciario dominicano opera con una sobrepoblación que supera el 150%. Más de la mitad de los internos —un alarmante 63%— permanece tras las rejas sin haber sido condenado, atrapado en los laberintos de una prisión preventiva que se ha vuelto eterna. Hacinamiento, enfermedades y condiciones insalubres se han convertido en los carceleros silenciosos de una población olvidada.
El informe también rescata las voces de quienes han perdido no solo su casa, sino su lugar en el mundo. Más de 150 familias fueron acompañadas por la Comisión tras sufrir desalojos forzosos ejecutados sin orden judicial ni alternativa de reubicación. La CNDH-RD estima que más de un millón y medio de dominicanos carecen de un techo digno, una cifra que convierte el derecho a la vivienda en una quimera para amplios sectores.
El documento extiende su mirada hacia otros territorios del dolor: las personas con discapacidad, la población LGBTI+, quienes viven con VIH, las trabajadoras sexuales y las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual también ocupan sus páginas. La persistencia de abortos clandestinos, en un marco de prohibición absoluta, completa un paisaje de vulneración que la Comisión describe como sistemático.
Frente a este panorama, la CNDH-RD elevó un llamado directo al presidente Luis Abinader. No pide favores, sino reformas estructurales en seguridad pública, política migratoria y sistema penitenciario. Exige verdad, justicia y reparación.
Porque, como expresa la entidad en una frase que bien podría servir de epitafio para el año que pasó: «El respeto a los derechos humanos no puede ser opcional ni selectivo. Sin justicia, sin igualdad y sin dignidad, no hay democracia posible».
La Comisión ha anunciado que no se quedará en el diagnóstico. En marzo de 2026, sus abogados iniciarán acciones legales en los casos emblemáticos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. El papel, esta vez, buscará convertirse en justicia.
