La noticia judicial que hoy conmociona al país trasciende el mero dato financiero de un desfalco. La solicitud de prisión preventiva contra el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y su séquito no es solo la crónica de un robo, sino la exposición de un acto de profunda traición ética y humana. Aquí no hubo un error de gestión, sino un plan meticuloso y gélidamente ejecutado para convertir el sistema de salud de los más pobres en una máquina de hacer dinero para unos pocos. Es la corrupción en su expresión más perversa: la que se nutre del sufrimiento ajeno.
El expediente de la PEPCA, de 537 páginas, no describe a simples administradores corruptos, sino a una organización criminal que operaba desde el corazón del Estado. Santiago Hazim, el médico ortopeda, no fue un director negligente; fue el arquitecto y capo de un esquema diseñado para saquear. Su papel fue axial, vertebrador. Desde antes de asumir, ya pactaba en oficinas políticas los compromisos que luego cobraría, ya recibía sus primeras dadivas –un lujoso Lincoln Navigator– como adelanto de la rapiña por venir. Una vez instalado, no gestionó salud; gestionó fraude, soborno y cinismo.
Pero lo que eleva este caso a la categoría de infamia nacional son los medios que utilizaron. Esta red no desvió fondos de una obra pública abstracta; jugó con la vida y la muerte de los ciudadanos. Fabricaron tratamientos de cáncer que nunca se aplicaron, facturaron diálisis a cadáveres, implantaron stents innecesarios en corazones vivos e inventaron cirugías de piel sobre piel sana. Cada factura falsa, cada sesión de quimioterapia fantasma, representa un medicamento que no llegó, una esperanza defraudada, un posible deterioro en la salud de un ser humano. Convirtieron el derecho a la salud, consagrado en la Constitución, en una mercancía sangrienta para su enriquecimiento.
El mecanismo, descrito con crudeza, muestra su desprecio por la nación: maletas de efectivo convertidas a dólares en encuentros callejeros, transferencias que se transformaban en fajos de billetes entregados en apartamentos de Airbnb. Mientras, en los hospitales y centros de salud, los recursos escaseaban. Esta es la dualidad obscena del caso Hazim: la opulencia clandestina de unos pocos financiada con el presupuesto destinado a aliviar el dolor de millones.
Por ello, la decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva y declarar el caso complejo es no solo correcta, sino imperativa. Es un primer paso firme hacia la rendición de cuentas. La justicia tiene ante sí una prueba de fuego: debe actuar con celeridad y contundencia para que este no sea otro expediente más que duerma en los tribunales. La sociedad exige ver a los responsables enfrentar el peso de la ley, pero también exige la recuperación total de lo robado.
Este caso debe ser un punto de inflexión. Una llamada de atención a todos los partidos políticos para que purguen de sus filas a los trepadores sin escrúpulos que ven la función pública como un botín. Un recordatorio al empresariado de que la connivencia con funcionarios corruptos no es «gestoría», es complicidad criminal que corroe el país. Y, sobre todo, un mensaje a la ciudadanía: la defensa de la salud pública es innegociable.
La verdadera magnitud de este crimen no se mide solo en quince mil millones de pesos. Se mide en la confianza erosionada, en el dolor potencialmente agravado y en la vida pública envenenada por la codicia. Santiago Hazim y su grupo no solo defraudaron al Senasa; traicionaron el juramento de servir y protegieron únicamente sus propios bolsillos, a costa de los más vulnerables. Que la justicia, en su nombre, sea implacable.
