Mediante decretos presidenciales, el gobierno declara el estado de excepción en catorce provincias y agiliza las contrataciones públicas para enfrentar la reconstrucción, en una respuesta de alcance nacional a la crisis generada por el fenómeno natural.
POR THEO N. GUZMÁN
SANTO DOMINGO. En un movimiento que despliega las prerrogativas constitucionales del Poder Ejecutivo frente a la calamidad, el presidente Luis Abinader decretó el estado de emergencia para catorce provincias y diversas localidades de la geografía nacional, tras los estragos dejados por la tormenta tropical Melissa. La medida, formalizada a través de los decretos 626-25 y 627-25, constituye la respuesta estructural de la administración para enfrentar una crisis de carácter regional y agilizar, con la celeridad que la urgencia impone, la maquinaria de la reconstrucción.
El decreto 626-25 establece el marco jurídico de la emergencia, clasificando oficialmente los daños y afectaciones provocados por Melissa como de “carácter regional”. Esta calificación no es un mero tecnicismo; es el fundamento que activa un dispositivo especial de atención y recursos, concentrando los esfuerzos del Estado en las zonas más golpeadas. La lista de provincias incluidas—Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, La Vega y Monseñor Nouel—delimita el escenario principal de la intervención gubernamental.
No obstante, es el decreto 627-25 el que contiene el núcleo de la acción ejecutiva: declara de “emergencia nacional” las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras por parte de las instituciones del Estado. Esta declaratoria, un instrumento de excepción, suspende de facto los procedimientos de licitación ordinaria, allanando el camino para una adquisición ágil de recursos destinados a la reparación, construcción y reconstrucción de la infraestructura dañada. Se trata de una flexibilización de la hacienda pública en pos de la eficacia, una decisión que busca salvar la burocracia en nombre de la necesidad perentoria.
La arquitectura de esta respuesta nacional recae sobre un andamiaje institucional preciso. Los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Obras Públicas y Comunicaciones, y Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), junto con la Administrativa de la Presidencia, Turismo y el Servicio Nacional de Salud (SNS), son las entidades autorizadas para operar bajo esta excepción de emergencia. En sus manos queda la ejecución material de los fondos y la materialización de las labores de rehabilitación.
Con esta decisión, el gobierno de Abinader no solo enfrenta la etapa de recuperación post-desastre, sino que asume un riesgo calculado. La declaratoria de emergencia nacional para las contrataciones conlleva inherente la demanda de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, un desafío mayúsculo en medio de la urgencia. La medida, de alcance regional, pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado y define la relación entre la celeridad administrativa y el control fiscal en tiempos de crisis. La reconstrucción comienza ahora, y con ella, el escrutinio sobre la gestión de la emergencia.
