El dirigente político denuncia que los fideicomisos público-privados se han convertido en una herramienta para justificar la incapacidad del Estado y transferir bienes públicos al sector privado.
Por Brendalis Reyes
SANTO DOMINGO.— Con tono crítico y advertencias firmes, el exalcalde de Santiago y excandidato presidencial Abel Martínez cuestionó el uso excesivo de fideicomisos público-privados por parte del gobierno, señalando que se trata de una «privatización encubierta» que refleja la inoperancia estatal.
«Cuando el Estado dice que no puede gestionar un servicio y lo entrega al sector privado mediante fideicomiso, está confesando públicamente que no sabe gobernar. Eso no es eficiencia, es rendición administrativa», afirmó Martínez durante un encuentro con periodistas.
El dirigente político puso como ejemplo el caso del teleférico de Puerto Plata, recientemente transferido a un fideicomiso mixto bajo el argumento de que requiere inversión privada para su reactivación. «¿Por qué el Estado dominicano no puede operarlo directamente? Esto no es incapacidad estructural, es falta de voluntad y compromiso con el interés nacional», cuestionó.
Martínez advirtió que esta práctica se está convirtiendo en un patrón peligroso. «Se institucionaliza la idea de que el Estado es incapaz y que todo lo que funcione bien debe estar en manos privadas. Así se pierde control sobre activos públicos y se alejan los beneficios del pueblo», explicó.
Aclaró, sin embargo, que no se opone a la inversión privada, pero insistió en que debe haber reglas claras. «Necesitamos un modelo que garantice equidad, transparencia y soberanía. Los fideicomisos no pueden ser zonas grises fuera del control del Congreso y la ciudadanía», sostuvo.
El exalcalde hizo un llamado a revisar esta tendencia y a fortalecer la capacidad estatal. «El gobierno no puede ser un intermediario de negocios privados. Su deber es servir al interés público. La República Dominicana no se alquila ni se administra por partes; se gobierna con responsabilidad», concluyó.
La advertencia de Martínez llega en un momento en que el gobierno ha promovido varios fideicomisos para gestionar infraestructuras clave, un mecanismo que, según críticos, reduce el control democrático sobre bienes públicos mientras beneficia a grupos empresariales. El debate promete escalar en los próximos días, especialmente entre sectores que ven en estos esquemas un riesgo para la soberanía nacional.
