Jueza impone garantía económica y presentación periódica a dueños de discoteca donde murieron 236 personas
Por Theo N. Guzmán
Santo Domingo.- Tras trece horas de audiencia marcada por prolongados recesos, la jueza Fátima Veloz dictó una medida de coerción que ha dejado más preguntas que respuestas: los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set -escenario de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país- enfrentarán el proceso en libertad, con impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de 50 millones de pesos cada uno.
La decisión judicial, emitida en la madrugada de este miércoles, contrasta con la magnitud del dolor causado: 236 vidas perdidas, más de 180 heridos y un país que sigue preguntándose cómo un local con fallas estructurales conocidas pudo operar hasta aquel fatídico 8 de abril. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana, argumentando la gravedad del homicidio involuntario que se les imputa.
Mientras la jueza deliberaba, se conoció que más de 40 familias afectadas habían llegado a acuerdos económicos con los Espaillat, según confirmó su abogado Miguel Valerio. Este detalle no hace sino alimentar la percepción de que, en República Dominicana, la justicia tiene dos velocidades: una para los poderosos y otra para el pueblo.
El caso Jet Set se ha convertido en un termómetro de la independencia judicial. Las medidas impuestas -que permitirán a los acusados esperar el proceso en sus hogares- confirman los temores de quienes sospechaban que la influencia política de los imputados inclinaría la balanza. Mientras las víctimas entierran a sus seres queridos, la justicia parece haberse contentado con gestos simbólicos, dejando intacta la pregunta esencial: ¿Bastarán 50 millones de pesos para responder por 236 sueños truncados?
La noche del 8 de abril dejó claro que el techo del Jet Set no era lo único que colapsaría. Ahora, la decisión judicial amenaza con derrumbar algo aún más valioso: la fe en que, ante la ley, todos somos iguales.
