Ministerio Público anuncia apelación mientras víctimas quedan en espera de justicia
Por Thiago Zorrilla Acosta
Santo Domingo.- La madrugada de este jueves, la justicia dominicana tomó una decisión que ha encendido las alarmas: la jueza Fátima Veloz impuso medidas de coerción consideradas insuficientes contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 235 muertos, más de 180 heridos y 130 niños huérfanos.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, no ocultó su indignación: «Esta decisión se burla de las víctimas», declaró, anunciando la apelación inmediata. Las medidas -presentación periódica, impedimento de salida y una fianza de 50 millones de pesos- contrastan con la petición fiscal de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana.
El funcionario reconoció, sin embargo, dos victorias procesales: el tribunal validó la calidad de la investigación fiscal y declaró el
caso como «complejo», lo que amplía los plazos para profundizar las pesquisas. Además, la jueza se sumó al llamado de la procuradora general para reformar un Código Penal que, según expertos, muestra limitaciones ante tragedias de esta magnitud.
El derrumbe del Jet Set el pasado 8 de abril ha expuesto no solo fallas estructurales, sino también las grietas del sistema judicial dominicano. Mientras las familias de las víctimas esperan justicia, la medida de coerción -dictada pasada la 1:30 a.m.- deja un sabor amargo: la percepción de que la balanza se inclina hacia los privilegios antes que hacia el dolor de quienes perdieron todo en una noche de fiesta convertida en pesadilla.
El caso, que ha sacudido la conciencia nacional, ahora enfrenta un nuevo capítulo: la batalla legal por una sentencia que esté a la altura del dolor causado. Lo que sigue será prueba de fuego para un sistema judicial bajo escrutinio.
