Por Theo N. Guzmán
Santo Domingo.- Diversos proyectos de ley relacionados con la libertad de expresión han sido presentados en el Congreso Nacional, buscando tanto fortalecer como restringir el ejercicio libre de la prensa en el país, pero ninguno ha logrado superar el debate legislativo hasta el momento.
El Poder Ejecutivo dio un primer paso con la presentación de un proyecto para modernizar la ley de libertad de expresión, que cuenta con el respaldo de la Sociedad Dominicana de Diarios y la Fundación Institucionalidad y Justicia. Sin embargo, el proyecto ha recibido críticas de distintos sectores que advierten sobre posibles riesgos para la independencia de los medios.
Entre las iniciativas más avanzadas se encuentra la propuesta presentada en 2021 por el exdiputado Elpidio Báez, que pretendía actualizar la Ley 6132, la normativa vigente sobre expresión y medios de comunicación. Este proyecto contemplaba temas como la cláusula de conciencia para periodistas, el derecho a la rectificación, el secreto profesional, regulación de contenidos en televisión nacional y sanciones por difamación pública. A pesar de avanzar en algunos aspectos, quedó estancado debido a la falta de consenso interno en la comisión asignada para su estudio.
Por otro lado, la Ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aprobada en el Congreso, incluía disposiciones que afectaban directamente a la prensa, exigiendo la entrega de información confidencial sin autorización judicial. Esta ley fue eliminada por el Tribunal Constitucional debido a irregularidades en su aprobación.
En mayo de 2022, el Senado aprobó en segunda lectura un controvertido proyecto de ley orgánica que pretendía regular el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, conocido popularmente como «ley mordaza». Esta norma contemplaba sanciones para quienes insultaran «de forma innecesaria» a cualquier persona en medios de comunicación, pero finalmente no prosperó.
Asimismo, en junio de ese mismo año, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para regular la ciberseguridad que incluía penas de hasta cuatro años de prisión por la difusión de material audiovisual considerado discriminatorio, término que fue cuestionado por su ambigüedad y que impidió la aprobación de la propuesta.
En agosto de 2022, el diputado Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), introdujo un proyecto para regular la publicidad estatal en medios de comunicación. Durante las vistas públicas, la Sociedad Dominicana de Diarios manifestó su preocupación por posibles restricciones que el proyecto podría imponer al libre ejercicio periodístico.
El proyecto más reciente, presentado por el Poder Ejecutivo, contempla la creación del Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom). Esta figura ha generado inquietud en sectores como la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y figuras políticas como el excandidato presidencial Abel Martínez (PLD), quienes advierten sobre una posible concentración de poder y censura disfrazada de regulación.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en análisis en una comisión especial del Senado, presidida por la congresista Aracelis Villanueva, donde continuará su estudio y discusión.
La necesidad de una ley moderna y equilibrada sobre la libertad de expresión permanece como un desafío pendiente para el sistema democrático dominicano, que debe conciliar la protección de los derechos fundamentales con la garantía de un entorno libre y plural para los medios de comunicación.
