La acción judicial solicita además la designación de un secuestrario judicial independiente para custodiar la documentación contable y societaria de la cooperativa, alegando restricciones al acceso de información para los asociados.
Por Servicios Umbral
SANTO DOMINGO. Un socio de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) interpuso una demanda en rendición de cuentas, exhibición de documentos y designación de un secuestrario judicial ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con el propósito de que la entidad presente información detallada sobre su gestión administrativa, financiera y patrimonial correspondiente al período 2023-2026.
La acción fue presentada por Hanly Darico Terrero Ramírez, quien solicita que la cooperativa entregue libros contables, estados financieros, contratos, nóminas, informes de auditoría, expedientes de suplidores y demás documentos institucionales que, según sostiene, son necesarios para el ejercicio de fiscalización por parte de los asociados.
Alega limitaciones para acceder a la información
De acuerdo con la demanda, durante los años 2025 y 2026 fueron realizadas diversas solicitudes formales para obtener documentación institucional. Sin embargo, el demandante afirma que la cooperativa respondió de manera parcial o restringió el acceso a informaciones que considera esenciales para conocer el manejo administrativo y financiero de la organización.
En ese contexto, también solicita al tribunal la designación de un secretario judicial independiente, escogido de una terna propuesta por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), con el objetivo de custodiar, preservar y verificar la integridad de los libros y documentos societarios y contables mientras se conoce el proceso.
Solicitan auditoría forense sobre la gestión 2023-2026
Entre las medidas requeridas figura igualmente la realización de una auditoría forense judicial independiente que abarque contratos, gastos de publicidad, nómina institucional, viáticos, gastos de representación, procesos de contratación de suplidores y ejecución presupuestaria correspondientes al período comprendido entre 2023 y 2026.
El demandante sostiene que estas medidas buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio colectivo de más de 200 mil asociados de la cooperativa, ante lo que considera la imposibilidad de acceder a documentación relevante para evaluar la legalidad y corrección de la gestión administrativa.
Fundamentación jurídica
La acción judicial basa sus pretensiones en disposiciones de la Constitución dominicana, la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, el Código Civil Dominicano y precedentes jurisprudenciales relacionados con el derecho de acceso a la información, la obligación de rendición de cuentas y la adopción de medidas conservatorias para proteger bienes e intereses colectivos.
Con el depósito formal de la demanda, el expediente queda ahora bajo conocimiento de la jurisdicción competente, que deberá determinar la procedencia de las medidas solicitadas y decidir si ordena la rendición de cuentas y las demás actuaciones requeridas.
Hasta el momento de la elaboración de esta información no consta una respuesta pública de COOPNAMA sobre las alegaciones contenidas en la demanda. Conforme a los principios del periodismo equilibrado, Umbral mantiene abierta la disposición de publicar la posición institucional de la cooperativa tan pronto sea remitida.
