Dos de los excarcelados poseen nacionalidad italiana; cinco más obtuvieron arresto domiciliario en medio de negociaciones entre el gobierno y sectores opositores.
Por Virtudes Álvarez Sampedro
CARACAS.— En un movimiento significativo durante la madrugada del domingo, el gobierno venezolano excarceló a ocho opositores, entre ellos dos ciudadanos de nacionalidad italiana, y otorgó arresto domiciliario a otros cinco, según confirmó un sector de la oposición dedicado a negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
La mayoría de los liberados estaban vinculados a un caso de presunta corrupción en alcaldías controladas por la oposición, denunciado por el gobierno a principios de año. Entre los excarcelados figura el exdiputado Américo De Grazia, detenido tras la crisis política desatada durante la reelección de Maduro en 2024.
El dirigente opositor Henrique Capriles, quien ha sido candidato presidencial en dos ocasiones, celebró la medida en la red social X: “Hoy varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos; seguimos luchando por todos”.
Los liberados incluyen a Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo y Américo De Grazia. Por su parte, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron la medida de “casa por cárcel”.
El gobierno italiano confirmó la liberación de De Grazia y Assenzo, aunque ambos deberán presentarse periódicamente ante tribunales venezolanos para cumplir con las condiciones de su libertad. Las autoridades italianas aseguraron que continuarán trabajando para la excarcelación de otros connacionales detenidos en el país.
Este gesto del gobierno de Maduro sugiere un posible acercamiento con sectores opositores, en un contexto de creciente presión internacional y negociaciones discretas. Como afirmó Capriles: “Siempre hemos dicho y lo mantenemos: ¡hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político!”.
La medida marca un paso inusual en la política venezolana reciente, aunque persisten interrogantes sobre su impacto real en el diálogo político y la situación de los derechos humanos en el país.
