Fiscalía investiga a propietarios y funcionarios por colapso que dejó 236 muertos; peritos internacionales analizan escombros
Por Brendalis Reyes
Santo Domingo. – Un total de 65 acciones legales, entre querellas y denuncias, han sido presentadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo del local el pasado 8 de abril, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos. Las demandas también incluyen al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) por presunta negligencia en la supervisión del establecimiento.
Detalles de las acciones legales
Según fuentes cercanas a la investigación, se han registrado 22 querellas en el Sistema de Atención al Ciudadano de la Fiscalía, junto a 43 denuncias adicionales. Entre las más recientes figura la interpuesta por el abogado Jean Cristofer Pérez, en representación de las familias de Kiara Lantigua Ventura y Luissana Grullón Ventura, quienes exigen una indemnización de 100 millones de pesos por la muerte de su familiar Lirisset Ventura Brito.
Pérez argumenta que el caso configura un «homicidio involuntario por negligencia», tipificado en el artículo 319 del Código Penal dominicano. «El Estado y la ADN incumplieron su obligación de garantizar la seguridad en lugares de alta concurrencia», sostuvo el letrado, citando violaciones al artículo 8 de la Constitución y a la Ley 176-07 sobre regulación municipal.
Peritaje internacional y responsabilidades
Mientras las familias exigen justicia, un perito estadounidense –contratado para reforzar la investigación– analiza los escombros del local junto a expertos locales. Las pesquisas se centran en determinar si fallas estructurales o negligencias en permisos y supervisiones precipitaron la tragedia.
Los demandados directos son Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, dueños de Inversiones E y L, S.R.L., empresa operadora de Jet Set. Sin embargo, la cadena de responsabilidades podría extenderse: documentos preliminares sugieren que la ADN omitió inspecciones obligatorias, pese a las denuncias previas sobre riesgos en el inmueble.
El camino judicial
El Ministerio Público continúa interrogando a sobrevivientes y familiares, en un proceso que podría derivar en cargos penales contra funcionarios. Mientras tanto, las 65 acciones legales ya presentadas marcan un récord en casos de responsabilidad civil por desastres en el país.
La pregunta ahora es si la justicia dominicana logrará responder con celeridad y firmeza a una tragedia que ha conmocionado a la nación. Por ahora, las víctimas y sus abogados insisten: «Esto no fue un accidente, fue negligencia».
