THEO N. GUZMAN
La República Dominicana se encuentra en un punto álgido de tensión política tras el anuncio de una propuesta de reforma constitucional que, entre otras medidas, busca la designación de un Procurador General Independiente.
Esta reforma, que será presentada al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader luego de su juramentación el 16 de agosto, ha generado fuertes reacciones de diversas entidades y figuras políticas.
Dos importantes asociaciones de fiscales, la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) y la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic), han expresado su preocupación por la eliminación del artículo 174 de la Constitución, que establece el Consejo Superior del Ministerio Público como un órgano constitucional.
Estas asociaciones consideran que el proyecto, al relegar el Consejo a una figura dependiente de una ley adjetiva, podría mermar la autonomía del Ministerio Público, un punto crucial para la independencia judicial en el país. El presidente de Adofic, Edward López, ha criticado duramente la propuesta, argumentando que la eliminación del Consejo Superior del Ministerio Público es un intento de centralizar el poder en manos del Procurador General, lo que podría debilitar la independencia del Ministerio Público.
López sugirió que los fiscales deberían ser seleccionados por una \»terna de procuradores de corte\», en lugar de ser designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, como propone el presidente Abinader. A esta oposición se suman las voces de los exprocuradores Radhamés Jiménez Peña y Francisco Domínguez Brito. Jiménez Peña, también vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo, calificó la propuesta de reforma como una \»contrarreforma\» que podría desmantelar los avances logrados en la carrera del Ministerio Público desde la Constitución del 2010, que ha buscado despolitizar y fortalecer institucionalmente a esta entidad.
Domínguez Brito, por su parte, advirtió que esta reforma podría significar un retroceso en la independencia y autonomía de los fiscales. El debate sobre esta reforma también ha resonado en el ámbito de los partidos políticos.
Mientras que algunos sectores han apoyado ciertos aspectos de la propuesta, como la unificación de las elecciones, otras voces críticas, como la del partido Opción Democrática, consideran que las reformas propuestas no abordan las verdaderas necesidades del país, y podrían incluso generar más caos y complicaciones en el proceso electoral.
En un escenario donde la mayoría legislativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría facilitar la aprobación de la reforma, otros partidos, como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), han optado por esperar la presentación formal del proyecto ante el Congreso para definir sus posiciones.
Las diferencias de amplios sectores con la propuesta del gobierno en torno a esta reforma, pone de manifiesto las profundas divisiones y desafíos que enfrenta la República Dominicana en su camino hacia la consolidación de su sistema democrático y la independencia judicial. La discusión sobre el futuro del Ministerio Público y su papel en el sistema de justicia dominicano será, sin duda, uno de los temas centrales en los próximos meses.
