Sectores productivos apoyan el plan gubernamental anticrisis, aunque exigen incentivos complementarios y alertan sobre la necesidad de evitar que el peso del ajuste recaiga en los formales. La oposición, encabezada por Leonel Fernández, rechaza las medidas y advierte que en los hechos constituyen una reforma fiscal encubierta.
Por: Thiago N. Guzmán
Santo Domingo.- El paquete de medidas económicas diseñado por el Gobierno para amortiguar los embates de la crisis internacional y aliviar la presión sobre la clase media y el tejido de las micro, pequeñas y medianas empresas ha despertado un respaldo matizado en el seno de los sectores productivos. Mientras las gremiales empresariales reconocen la intención del ejecutivo de no ahondar en una reforma estructural, no han dudado en levantar la voz para demandar acciones más profundas, especialmente en lo relativo al crédito, la liquidez y la simplificación de los engorrosos procesos fiscales y aduanales.
La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) fue clara en su respaldo, pero también en su advertencia. Para el gremio, el conjunto de disposiciones no constituye una reforma fiscal integral, sino un repertorio de acciones coyunturales para sortear la turbulencia actual. Por ello, instaron a que estas vayan acompañadas de una propuesta complementaria que estimule la reactivación económica y fortalezca el aparato productivo nacional.
En la misma línea se expresó la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), que valoró la iniciativa gubernamental, aunque subrayó con precisión quirúrgica que cualquier contribución adicional que se exija al sector privado formal debe sujetarse a criterios claros de proporcionalidad y temporalidad. Su mensaje no admite ambages: no se puede permitir que el mayor peso del ajuste recaiga sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones y generan empleos de calidad en las regiones.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada, por su parte, reconoció que la coyuntura internacional exige, en ocasiones, esfuerzos extraordinarios. No obstante, advirtió que tales esfuerzos deben ser necesarios, proporcionados, temporales y previsibles, para no quebrantar la confianza inversionista ni la capacidad de crear puestos de trabajo formales. Iván García, portavoz de la Confederación Dominicana de Comerciantes, fue aún más incisivo al cuestionar la lógica recaudatoria: el Estado necesita elevar sus ingresos, dijo, pero no a costa de vaciar los bolsillos de los más pequeños. Acto seguido, llamó a revisar la normativa de residuos sólidos y el siempre escurridizo comercio informal.
En contraste con esta adhesión condicionada, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ha levantado una objeción frontal. El exmandatario sostiene que, en la práctica, las propuestas oficiales producen los mismos efectos de una reforma fiscal, introduciendo nuevas cargas tributarias sobre una población que ya se ahoga por el incremento del costo de la vida y las persistentes presiones inflacionarias. Para Fernández, este no es el momento de exigir mayores sacrificios.
La medida en el foco de la discordia
El punto más álgido del paquete gubernamental es la creación de un nuevo tramo del Impuesto sobre la Renta (ISR) personal, con una tasa del 27 % aplicable a salarios mensuales superiores a los 400 mil pesos dominicanos. La medida, que según las proyecciones oficiales impacta únicamente a unos 5,900 contribuyentes de un total de 2 millones 300 mil (apenas el 0.26 % del universo de declarantes), ha sido presentada por el Ejecutivo como un gesto de progresividad. Sin embargo, la oposición insiste en que se trata del primer paso de una pendiente que podría terminar en una carga más generalizada.
Mientras tanto, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones ha preferido un tono conciliador, calificando la propuesta como una medida que, en sus palabras, «no fue tan agresiva». Y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, fiel a su espíritu emprendedor, valoró positivamente los incentivos dirigidos a promover la inversión, las exportaciones y el ansiado crecimiento.
El gobierno, por ahora, celebra el respaldo de las grandes patronales, pero sabe que el pulso político recién comienza. La exigencia de más acciones y la advertencia opositora de un efecto reforma dibujan el escenario de un debate que apenas calienta motores en el Congreso y en la opinión pública. La cuestión de fondo persiste: ¿puede un paquete de alivio evitar convertirse, por su propia inercia, en una nueva carga? La respuesta, todavía en el aire, definirá el rumbo económico de los próximos meses.
