La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) desmenuza en 537 páginas un esquema institucionalizado de corrupción. Acusa al exdirector Santiago Hazim y a su círculo de recibir sobornos, falsificar estados financieros, facturar servicios de salud inexistentes a pacientes vivos y muertos, y lavar activos mediante empresas fachada, en perjuicio del derecho constitucional a la salud.
POR JULIO CÉSAR GUZMÁN ACOSTA
SANTO DOMINGO, D.N.- Con la solemnidad que imponen los delitos de cuello blanco y la minuciosidad propia de un sumario judicial, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha solicitado formalmente medida de coerción contra diez imputados, entre ellos el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelino Hazim Albainy, por la presunta defraudación de más de quince mil millones de pesos al erario público.
La instancia, un expediente de 537 páginas depositado ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, no se limita a enumerar cargos. Desentraña, con rigor fiscal, la anatomía de una red que, según la acusación, institucionalizó la corrupción al interior de la entidad rectora de la salud de los más vulnerables. La pesquisa establece que las maniobras fraudulentas ascendieron a casi 16 mil millones de pesos, configurando una de las mayores afectaciones a un bien colectivo en la historia reciente: el derecho a la salud.
El corazón de la acusación late en un esquema descrito como «sofisticado», donde se conjugaron «incrementos manipulados, omisiones deliberadas, decisiones contrarias a la normativa y participación coordinada de actores internos y externos». La PEPCA asegura que, desde antes de asumir la dirección en agosto de 2020, Santiago Hazim tejía los hilos de su red. Aceptó, según el expediente, vehículos de alta gama de empresarios que luego serían piezas clave en la estructura fraudulenta, y estableció «compromisos económicos» para cumplir una vez en el cargo.
La Estafa al Sistema de Salud: Pacientes Ficticios y Tratamientos Inexistentes
La pesquisa judicial pinta un cuadro de desprecio por la vida y la dignidad humana. La acusación detalla cómo la maquinaria fraudulenta se alimentó del sufrimiento. Se habría facturado hemodiálisis a pacientes ya fallecidos y se colocaron stents coronarios innecesarios en procesos cardiovasculares. En el área oncológica, se «abultó» fraudulentamente el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia. Incluso, se reportaron y facturaron cirugías de piel por lesiones «inexistentes o de tamaño irreal», y se realizaron endoscopias y colonoscopias a pacientes sin riesgo ni sintomatología.
La Estructura del Soborno: De Restaurantes a Apartamentos por Airbnb
La PEPCA documenta metódicamente el flujo del dinero ilícito. Según la investigación, el empresario José Ortiz Giráldez, descrito como «mano derecha» de Hazim, operaba como receptor principal de sobornos de empresas como Nutri-med. A través de su compañía, OGSS, habría recibido aproximadamente 529 millones de pesos en transferencias. El modus operandi, descrito con precisión cronística, indica que Ortiz Giráldez entregaba a Hazim el 90% de estos fondos, previamente convertidos a dólares. Los encuentros para estos pagos ocurrían en la calle, en vehículos privados, restaurantes o apartamentos alquilados vía Airbnb.
Posteriormente, ante problemas judiciales de Ortiz Giráldez, el entonces consultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, habría asumido el rol de receptor, recibiendo «más de 536 millones de pesos en efectivo» de la empresaria imputada Cinty Acosta Sención. En total, Hazim, Ortiz y Robles habrían recibido unos 1,165 millones de pesos en sobornos para «asegurar complicidad, agilizar procesos, evitar glosas [objeciones a facturas] y obtener ventajas indebidas».
El Origen: Un Plan Concebido antes de Asumir el Cargo
La investigación retrocede hasta junio de 2020, antes del nombramiento de Hazim. En una reunión en la oficina política del entonces aspirante, la imputada Cinty Acosta se comprometió a analizar Senasa y elaborar un proyecto. Semanas después, propuso a una pareja de médicos desarrollar un programa de nutrición para adultos mayores, asegurando «tener todos los contactos para su aprobación». A cambio, exigió el 50% de las acciones de lo que sería Nutri-med. Estas empresas, según la PEPCA, fueron el «vehículo societario» para canalizar sobornos, recibiendo entre 2021 y 2023 más de 4,074 millones de pesos del Senasa.
Además de Hazim, Ortiz, Robles y Acosta, la solicitud de prisión incluye a Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Francisco Iván Minaya Pérez (exgerente de Servicio de Salud), Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Luis Martínez Hazim (de MyCare), Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
Frente al vasto cuadro de ilícitos, la Procuraduría ha solicitado al juez de la Instrucción la declaratoria de «caso complejo». Mientras, Eduardo Read Estrella, uno de los imputados, a través de sus abogados, ya ha negado haber realizado propuesta alguna de acuerdo con la fiscalía, marcando la línea de lo que será una defensa contenciosa en un proceso judicial que promete extenderse y revelar, página a página, la profundidad de la herida infligida al sistema de salud dominicano.
