Un contingente policial acompañado de civiles armados desaloja violentamente a familias en Los Frailes al amanecer, utilizando gases lacrimógenos contra niños y destruyendo hogares sin orden judicial visible, mientras los afectados denuncian saqueos y motivaciones raciales.
Por Thiago N. Guzmán
SANTO DOMINGO ESTE.— Entre las 5:00 y 6:00 de la mañana de este sábado, el sueño de decenas de familias en la Urbanización Jericó se transformó en pesadilla cuando un fuerte contingente policial, acompañado de civiles con machetes y tubos, irrumpió en la comunidad sin mediar notificación alguna. Bajo el pretexto de un desalojo, lo que se ejecutó fue una operación de terror que dejó niños intoxicados por gases lacrimógenos, hogares saqueados y una pregunta flotando en el aire: ¿actuación legal o abuso institucional?
«Entraron sin avisar. Ellos entraron tumbando todo desde las 5:00 a. m. y habiendo un niño ahí… Se nos llevaron todo. Andaban ‘tígueres’ con cuchillos saqueando toda la casa», declaró una de las mujeres afectadas, cuyo testimonio refleja el patrón de violencia que caracterizó la intervención.
Wilson de la Rosa García, residente del sector, añadió capítulos escalofriantes al relato: «A un señor que es muy bueno y tiene un colmado le metieron una bomba lacrimógena en el baño y los niños se le desmayaron». La denuncia de robo de pertenencias y dinero en efectivo completó el cuadro de arbitrariedad.
Lo que más indigna a la comunidad es la aparente motivación racial detrás del operativo. Varios ocupantes aseguran que los agentes actuaron bajo el supuesto de que se trataba de personas de origen haitiano, aplicando un criterio discriminatorio que vulnera derechos fundamentales.
Manuel Zavala, presidente de la junta de vecinos, elevó el tono de las acusaciones al señalar a la compañía Mar de Plata como responsable detrás de lo que calificó como un «desalojo ilegal». «Nosotros tenemos una sentencia gananciosa de esta urbanización -afirmó- y ahora nos despertamos con esta invasión de policías».
La situación plantea serias interrogantes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades y la presunta colaboración entre cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados. Mientras las familias afectadas juran no abandonar sus hogares -«van a tener que hacer un hoyo y enterrarnos porque nosotros no vamos a salir de aquí», advirtió Zavala-, la sombra de la ilegalidad se cierne sobre un procedimiento que más parece obra de la barbarie que del Estado de Derecho.
El llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga resuena entre los escombros de unas viviendas que, hasta este sábado al amanecer, representaban el esfuerzo de años de trabajo y el sueño de una vida digna para decenas de familias dominicanas.
