• Con esta son seis las investigaciones en marcha que tiene la mandataria por diversos delitos
Por Thiago Zorrilla Acosta
Lima, Perú – 6 de diciembre. – La fiscal general peruana, Delia Espinoza, anunció el inicio de una nueva investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con su «impedimento temporal» para ejercer la presidencia entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, tras someterse a una operación de rinoplastia. Esta es la sexta indagación fiscal que enfrenta Boluarte, quien ya ha sido objeto de varias acusaciones por diversos delitos.
En un comunicado, Espinoza explicó que la investigación se centra en la presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales durante los 11 días posteriores a su cirugía. Según la legislación peruana, el abandono de cargo se produce cuando un funcionario deja su puesto sin haber cesado legalmente, mientras que la omisión de actos funcionales ocurre cuando un servidor público no cumple con sus deberes de forma ilegal. Ambos delitos conllevan penas de hasta dos años de prisión.
La fiscal general tiene la facultad de interrogar a Boluarte, al cirujano que la operó y a otros funcionarios del palacio presidencial, incluidos ministros, para esclarecer si la mandataria dejó de ejercer sus funciones durante su convalecencia. Si se concluye la investigación y se encuentran suficientes evidencias, Espinoza podría presentar una acusación constitucional ante el Parlamento, lo que permitiría que Boluarte sea juzgada por la Corte Suprema una vez finalice su mandato el 28 de julio de 2026.
Esta nueva indagación se produce en un contexto de creciente presión sobre la presidenta, quien ya enfrenta cinco investigaciones previas, entre ellas una por homicidio calificado relacionada con las muertes de manifestantes durante las protestas que exigían su renuncia entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
El exprimer ministro Alberto Otárola, quien ocupó el cargo entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, declaró recientemente ante una comisión del Parlamento que Boluarte se sometió a la cirugía sin informar al gabinete ni al Legislativo. Comentarios de expertos legales sugieren que la presidenta pudo haber incumplido la Constitución al no avisar sobre su operación, lo que podría haber evitado un «vacío de poder».
El actual primer ministro, Gustavo Adrianzén, defendió a Boluarte, calificando la revelación de su cirugía como «una bajeza» y asegurando que la presidenta «nunca ha abandonado sus funciones».
La popularidad de Dina Boluarte se encuentra en un punto crítico, con una aceptación de solo 3%, según una reciente encuesta de Datum Internacional. Su impopularidad ha alcanzado el 94%, lo que refleja la creciente insatisfacción de la ciudadanía con su gestión.
Con el país en un clima de incertidumbre política, la situación de Boluarte y las investigaciones en su contra continuarán siendo tema de debate en el ámbito público y político en Perú.
