Por Julio Guzmán Acosta
Santo Domingo, República Dominicana – 6 de diciembre de 2024 – El Congreso de la República Dominicana decidió hoy no introducir modificaciones a la cesantía laboral en la reforma del Código del Trabajo propuesta por el Poder Ejecutivo. Durante las discusiones en el Senado, el sector empresarial había sugerido mantener la cesantía, pero limitándola a seis años para nuevos empleados y estableciendo un tope de liquidación de hasta 10 salarios mínimos, dependiendo del sector.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que «los derechos adquiridos por los trabajadores no están en juego» y reafirmó que el Senado respetará los acuerdos establecidos en las reuniones previas entre el Gobierno, los empleadores y los representantes de los trabajadores. De los Santos aclaró que la función de la comisión de senadores es escuchar a todos los sectores involucrados antes de presentar un informe.
En este contexto, Juan Núñez, secretario general de la Unión Clasista de Trabajadores (UCT) expresó su satisfacción por la decisión del Congreso, enfatizando que la cesantía es un derecho fundamental de los trabajadores y una compensación justa dada la realidad del bajo nivel salarial y la limitada protección social en el país. El líder de la UCT ha sido categórico en señalar que cualquier intento de modificar este derecho sería considerado un retroceso en las conquistas laborales.
Por su parte el senador Rafael Barón, presidente de la comisión especial que estudia la reforma al Código de Trabajo, también reiteró que los trabajadores «no tienen nada que temer». La cesantía, estipulada en el artículo 80 del Código del Trabajo, garantiza a los obreros recibir 23 días de salario por cada año trabajado en caso de despido.
Entre las propuestas consensuadas en la reforma al Código del Trabajo se incluyen la incorporación del teletrabajo, el aumento de la licencia de paternidad y mejoras en las condiciones del trabajo doméstico, lo que refleja un avance hacia la modernización de la legislación laboral en el país.
Con la decisión del Congreso, los sindicatos y organizaciones de trabajadores continúan abogando por la protección de los derechos laborales, asegurando que cualquier cambio en las condiciones de trabajo se realice con el consenso y la participación activa de todos los sectores involucrados.
