Resulta irónico que un gobierno que ha destinado la exorbitante suma de 11 millones de pesos en publicidad estatal en 2023 se atreva a presentar una reforma fiscal en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca. L
Por Julio Guzmán Acosta
La reciente decisión del presidente Luis Abinader de retirar su propuesta de reforma fiscal ha sido recibida con alivio en amplios sectores de la vida política, económica y social de nuestro país. Sin embargo, es importante recordar que esta propuesta fue presentada sin fomentar un diálogo abierto y honesto con los diversos actores políticos y económicos de la nación. Esta falta de discusión previa ha contribuido a la creciente insatisfacción social y económica, lo que refleja una deficiencia en la gestión fiscal y del gasto público por parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Además, no podemos pasar por alto el acelerado crecimiento de la deuda externa que ha enfrentado la República Dominicana en los últimos cuatro años, donde la carga de la deuda se ha multiplicado, generando preocupación sobre la sostenibilidad financiera del país. En este marco, es innegable que la evasión fiscal se presenta como un problema crítico, con miles de millones de pesos que se pierden anualmente debido a prácticas ilegales y a un sistema tributario que no garantiza la justicia fiscal. En lugar de abordar esta problemática de manera efectiva, la propuesta de reforma fiscal parecía enfocarse más en aumentar la carga sobre aquellos que ya contribuyen, que en erradicar la evasión y asegurar que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias.
Resulta irónico que un gobierno que ha destinado la exorbitante suma de 11 millones de pesos en publicidad estatal en 2023 se atreva a presentar una reforma fiscal en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca. La promoción de los supuestos logros gubernamentales, no necesitan unos gastos tan elevados y no debería financiarse a expensas de una reforma que impactaría directamente el bolsillo de los ciudadanos. ¿Con qué autoridad se puede demandar más esfuerzo a la población cuando el gasto público se malgasta en campañas publicitarias que, en muchos casos, no reflejan la realidad cotidiana de los dominicanos?
La retirada del proyecto de reforma fiscal puede interpretarse como un alivio temporal, pero no debemos bajar la guardia. La historia reciente nos muestra que las intenciones del gobierno no siempre están alineadas con las necesidades del pueblo. Es probable que el gobierno intente compensar los ingresos que pretendía obtener a través de la reforma mediante otras medidas, como aumentar impuestos en áreas menos visibles o implementar políticas que afecten a los más vulnerables. Por lo tanto, es importante y oportuno que el movimiento social y sus organizaciones se mantenga alerta y exija claridad sobre cómo se manejarán las finanzas públicas de aquí en adelante.
La responsabilidad fiscal no debe recaer únicamente en el ciudadano común, quien lucha por llegar a fin de mes y si garantizar que los que más tienen sean los que más paguen. Las reformas deben comenzar desde el gobierno y que este se comprometa a combatir la evasión fiscal de manera efectiva y que garantice el uso eficiente y transparente del gasto público.
En conclusión, la retirada de la reforma fiscal es solo un primer paso en un camino que debe conducir a un debate más amplio sobre la justicia fiscal y el uso responsable de los recursos del Estado. La ciudadanía debe permanecer vigilante, no solo para evitar que se impongan cargas injustas, sino para exigir al gobierno que actúe con responsabilidad y las reformas sean cuales sean, deben ser discutidas y que sus ejecutorias no beneficien solo a la oligarquía, sino que trabaje en beneficio de todos, no solo de unos pocos. La vigilancia ciudadana es esencial para que nuestras voces sean escuchadas y para que se tomen decisiones que realmente beneficien al pueblo dominicano.
